El bloqueo se concentra en los límites entre Atizapán de Zaragoza y Jilotzingo, donde el Ejido Espíritu Santo colocó letreros amarillos con la leyenda "Prohibido el paso al transporte de la empresa Aleatica ICA y lo relacionado con la autopista". Los pobladores organizan guardias permanentes para impedir que los equipos de construcción, inmovilizados en la zona, se retiren o reanuden actividades.
Entre las principales demandas de los ejidatarios está la construcción de al menos 10 puentes vehiculares que garanticen la conectividad de las comunidades divididas por el trazo de la autopista, además de la reparación de los caminos dañados por el paso de maquinaria pesada y el pago de indemnizaciones por las afectaciones ya generadas. Los pobladores plantearon estas exigencias en entrevista y sostuvieron que no permitirán la reanudación hasta que la concesionaria se comprometa por escrito.
Durante un recorrido por la zona se constató que los trabajos permanecen detenidos a lo largo de buena parte del tramo. En los puntos donde la obra atraviesa el bosque se observan columnas de concreto alineadas que marcan el trazo previsto de la vía, con varillas de acero expuestas en varias estructuras inconclusas, delimitadas por barreras perimetrales que acotan el frente de trabajo.
La obra ha atravesado además cambios en su esquema de contratistas. Un aviso colocado en el sitio señala que, a partir del 31 de julio de 2026, la empresa ICA dejó de ejecutar los trabajos y perdió su carácter de contratista del proyecto. El documento identifica como participantes conjuntos a Desarrolladora de Infraestructura Puerto Escondido, Operaciones y Edificaciones para la Construcción e ICA Constructora, mientras que Latina México, subsidiaria de Aleatica, aparece como responsable actual de la ejecución.
No es el primer conflicto social que enfrenta el proyecto. En 2024, comuneros de Santa María Magdalena Cahuacán, en el municipio de Nicolás Romero, rechazaron el paso de la autopista por sus terrenos al considerar que ocasionaría daños ambientales, entre ellos la tala de árboles y la contaminación de mantos acuíferos de la región. El diferendo de Jilotzingo se suma así a un historial de resistencias comunitarias a lo largo del trazo.
La empresa rechazó la solicitud, por lo que su versión sobre el estado de las obras de mitigación no ha sido expuesta públicamente.
De acuerdo con información pública de la propia Aleatica y del gobierno de México, la autopista Atizapán-Atlacomulco forma parte de un esquema de conectividad diseñado para mejorar el traslado entre Guadalajara, la región de El Bajío y el norte del país con el centro de México, con una reducción estimada de una hora en los tiempos de viaje respecto a las vías actuales.
El régimen de concesiones de autopistas de cuota en México se rige por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y por los títulos de concesión otorgados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Ese marco contempla mecanismos de negociación con propietarios de la tierra y compensación a comunidades afectadas, cuya aplicación práctica se apoya, cuando se trata de tierras ejidales, en la Ley Agraria y en la asamblea ejidal como órgano de decisión sobre el uso del suelo.
La falta de acuerdos previos y completos con comunidades ejidales sobre el uso de tierras y las obras de mitigación es un patrón recurrente en proyectos carreteros concesionados del centro del país. En el propio Estado de México, la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan enfrentó durante años la oposición de comunidades otomíes de San Francisco Xochicuautla, cuyo litigio agrario y ambiental frenó tramos de la obra y llegó a instancias judiciales antes de alcanzar acuerdos parciales, un antecedente que ilustra cómo estos diferendos pueden extenderse por sexenios.
La permanencia del bloqueo plantea interrogantes sobre los plazos reales de conclusión de la AT-AT, once años después del arranque de un proyecto que buscaba resolver un cuello de botella logístico entre el centro y el occidente del país. Mientras no se atiendan las demandas de indemnización y de obra de mitigación planteadas por los ejidatarios de Jilotzingo, la maquinaria seguirá inmovilizada y los tramos pendientes sin avance visible.
En los próximos meses, la resolución dependerá de si la concesionaria y las autoridades estatales y federales alcanzan un acuerdo directo con las comunidades afectadas, o de si el diferendo escala hacia instancias judiciales o de mediación agraria, como ocurrió con el caso de Nicolás Romero en 2024. El desenlace fijará el ritmo de una obra que suma más de una década sin entregarse a los usuarios.