Según su propio relato, un grupo de personas lo rodeó dentro del campus, le sustrajo pertenencias y lo atacó con elementos cortopunzantes. Arrigui sostuvo que una prenda de cuero que llevaba puesta amortiguó el impacto y evitó lesiones en sus órganos vitales. El representante explicó que su presencia en el lugar respondía al retiro de una pancarta de una colectividad política con la que mantiene diferencias, y no a la intención de agredir o portar armas que le atribuyó Sintraunal en su pronunciamiento inicial.
«Fui a bajar una pancarta de una organización que me ha agredido por pensar distinto, hecho que ya notifiqué a las autoridades», afirmó Arrigui en el video, en el que aseguró contar con pruebas para desmentir las versiones que, según él, buscarían justificar el ataque en su contra.
El estudiante situó el origen de las tensiones varios meses atrás, cuando se opuso a un paro universitario convocado en la institución. Según su versión, esa postura contraria a la suspensión de actividades académicas derivó en la cancelación de asignaturas para más de 13.000 estudiantes y en sobrecostos para recursos públicos destinados a la universidad, que como entidad pública de educación superior depende del Presupuesto General de la Nación.
Arrigui relató que sus intervenciones en asambleas estudiantiles, en las que cuestionó a docentes vinculados con Sintraunal, motivaron acciones ante la Procuraduría General de la Nación. Aseguró además haber sido objeto de señalamientos por su origen en el departamento del Huila, que calificó como actos de discriminación por parte de directivos sindicales. «A raíz de mis opiniones en las asambleas sobre integrantes de esa organización, el sindicato inició una serie de hostigamientos y compulsas de copias argumentando supuesta violencia política», sostuvo.
Qué implica una compulsa de copias
La compulsa de copias es el mecanismo por el cual una autoridad remite un caso a otra instancia —disciplinaria, penal o de control— para que investigue posibles irregularidades. No equivale a una acusación formal ni a una medida de aseguramiento: se trata de un trámite previo cuyo resultado no consta hasta el momento. La Universidad Nacional, como entidad pública, cuenta además con procesos disciplinarios internos que operan de manera paralela e independiente a la jurisdicción penal ordinaria, y las actuaciones que eventualmente adelante la Procuraduría se tramitan por vías separadas.
Arrigui pidió a la Rectoría y a la Vicerrectoría de la sede Bogotá divulgar de manera completa las grabaciones de las cámaras de seguridad, con el fin de reconstruir la secuencia de los hechos y determinar la responsabilidad de los involucrados. «Le exijo al rector Ismael Peña hacer públicas las grabaciones para que el país conozca lo sucedido y la Fiscalía determine quiénes actuaron como víctimas y victimarios», concluyó el representante estudiantil.
El estado del proceso
Según la información disponible, el caso no ha derivado en una imputación formal ante un juzgado penal del circuito de Bogotá ni existe constancia de una audiencia de imputación bajo el procedimiento que establece la Ley 906 de 2004, que rige el sistema penal acusatorio colombiano. Una eventual investigación permanecería, por ahora, en fase preliminar ante la Fiscalía General de la Nación, sin indiciados formalmente vinculados. Mientras no exista imputación, ninguna de las personas mencionadas puede considerarse acusada ni responsable penalmente.
Sintraunal, que en su pronunciamiento inicial acusó al estudiante de portar armas y de agredir a una persona, no ha respondido públicamente al video de Arrigui ni ha aportado evidencias adicionales que sustenten esos señalamientos. Su derecho de réplica permanece abierto. Tampoco la universidad ha confirmado si hará públicas las imágenes de seguridad ni en qué plazo.
Los campus universitarios públicos colombianos han sido escenario en el pasado de tensiones entre sectores estudiantiles y organizaciones sindicales, particularmente en contextos de paros o movilizaciones prolongadas. Esos episodios han derivado con frecuencia en investigaciones disciplinarias internas más que en procesos penales de mayor alcance, lo que suele dejar la reconstrucción de los hechos en manos de los registros audiovisuales de las propias instituciones.
El desenlace dependerá en buena medida de la divulgación de las grabaciones solicitadas por Arrigui y de si la Fiscalía abre formalmente una investigación que permita esclarecer la autoría de las heridas. La Rectoría no ha fijado hasta ahora una fecha para pronunciarse sobre la entrega de las imágenes, un paso que ambas partes reclaman como determinante para aclarar lo ocurrido en la sede Bogotá.
