El apagón informativo coincide con exactitud milimétrica con la llegada del edil. La revisión de EL UNIVERSAL a la PNT muestra registros de las obligaciones de transparencia del municipio para ejercicios anteriores a 2022; a partir de ese año, el propio sistema despliega la misma leyenda: no se encuentran resultados. Cuatro años sin declaración patrimonial, sin currículum, sin remuneraciones publicadas, verificados también en la Plataforma Digital Nacional y en el sistema E-Oaxaca Declara.
Conviene no confundir opacidad con incompetencia, porque la incompetencia suele ser desordenada y aquí el vacío es total y ordenado. Todo lo que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública obliga a publicar —remuneraciones de servidores públicos, versión pública de las declaraciones patrimoniales— en Juchitán no aparece. El sitio web del ayuntamiento exhibe la elegancia del abandono: enlaces que no llevan a ninguna parte, textos de relleno y una sección de transparencia que existe, pero está sin información.
La Fiscalía de Oaxaca no acusa a Sánchez Altamirano de llevar mal los libros. Lo relaciona con actividades delictivas de "Los Cromos", grupo que opera como parte del CJNG y al que presuntamente daba cobertura política y económica. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, precisó el alcance de las imputaciones.
"Se le relaciona con delitos contra la seguridad del Estado a través de supuestos esquemas de protección a grupos delictivos", informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad.
Lo detuvieron junto a Carlos Alberto "N", alias "La Parca", en un operativo con la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la SSPC, la FGR y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y la Secretaría de Seguridad estatal. Las órdenes de aprehensión se giraron por extorsión agravada, cobro de piso a comerciantes, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio.
Candidato de Morena, PVEM y Nueva Alianza en 2024
El edil llegó primero por licencia de su antecesor, Emilio Montero Pérez, en noviembre de 2022; contendió después en las elecciones municipales de 2024 bajo las siglas de Morena, el PVEM y Nueva Alianza Oaxaca, y obtuvo la presidencia para el periodo 2025-2027. Durante ese trayecto, ningún filtro partidista ni fiscalizador reparó en que administraba un municipio sin declarar un peso ni firmar un contrato visible. El cobro de piso a comerciantes tiene eco reciente en Guanajuato, donde Seguridad ligó a la extorsión el asesinato de "Vicky", comerciante de León.
La legislación exige que la página de inicio de cualquier sujeto obligado —un municipio, sin ir más lejos— tenga un vínculo directo a sus obligaciones de transparencia y un buscador funcional. Juchitán cumple la letra: el vínculo existe. Pero lleva a un vacío tan pulido que la transparencia se convierte en su reverso: una vitrina impecable y sin contenido. El caso ilustra el límite del régimen mexicano de transparencia, vigente en su forma actual desde la ley general de 2015: obliga a publicar, pero la sanción por no hacerlo rara vez alcanza a quien deja la plataforma en blanco.
Mientras en el Senado avanza la discusión de la reforma sobre doble nacionalidad y las bancadas calculan votos para el paquete económico del próximo año, en Juchitán se acumulan cuatro años de administración municipal sin un solo documento público que la sustente. La opacidad no necesitó decreto ni bandera: le bastó con que nadie preguntara a tiempo.