De acuerdo con lo señalado por la subsecretaria Gómez Saracibar, el consejo tendrá la tarea de delinear los criterios y mecanismos con los que se atenderán los casos de violencia digital, en coordinación con las propias empresas signantes del acuerdo. Su instalación representa la puesta en marcha operativa de aquel entendimiento de marzo, que se enmarcó en la estrategia de la administración federal frente a la difusión no consentida de contenido íntimo, el acoso sistemático y la extorsión sexual en línea.
La Secretaría de las Mujeres es una dependencia de reciente creación dentro de la estructura del gobierno federal, resultado de la elevación a rango de secretaría de instancias que operaban con menor jerarquía institucional, como el entonces Instituto Nacional de las Mujeres. Esa transformación buscó dotar de mayor peso presupuestal y de coordinación intersecretarial a la política de género del Ejecutivo federal.
El acuerdo con las plataformas opera en un terreno distinto al puramente penal: se trata de mecanismos de cooperación voluntaria con empresas privadas para agilizar el retiro de contenido, la atención a reportes de usuarias y, según lo planteado por la dependencia, el establecimiento de canales de comunicación directa entre la autoridad y las compañías tecnológicas.
Del caso Olimpia al marco actual
En México, el marco normativo para abordar estas conductas se ha construido de manera gradual. La reforma conocida como Ley Olimpia, aprobada primero en Puebla en 2018 y posteriormente replicada en el Código Penal Federal y en las legislaciones de las 32 entidades, tipificó la violencia digital y sexual mediante medios electrónicos como delito, con sanciones para quienes difundan, compartan o exhiban contenido íntimo sin consentimiento de la persona involucrada. El nuevo consejo se sitúa por encima de ese piso penal, en el plano de la cooperación con las plataformas.
El fenómeno no es exclusivo de México. Países de América Latina como Argentina, Chile y Colombia han impulsado en años recientes marcos normativos o mesas de trabajo con plataformas tecnológicas para atender la difusión de contenido íntimo sin consentimiento y el acoso en línea, con resultados desiguales por la naturaleza transnacional de estas empresas y la dificultad de aplicar sanciones dentro de las jurisdicciones locales.
El Instituto Nacional Electoral y otras instituciones han documentado en distintos momentos el uso de la violencia digital como herramienta de intimidación política contra mujeres candidatas y funcionarias, un fenómeno que cobró relevancia particular tras los procesos electorales recientes y que legisladoras de diversas bancadas en la Cámara de Diputados han planteado como prioridad legislativa pendiente.
En el Congreso de la Unión existen iniciativas presentadas en periodos ordinarios anteriores que buscan robustecer las obligaciones de las plataformas digitales que operan en territorio mexicano, incluida la posibilidad de sanciones económicas por incumplimiento en la atención a reportes de violencia de género, aunque ninguna ha llegado a dictamen final en la LXVI Legislatura.
Qué falta por definir
Hasta el momento no se han dado a conocer públicamente los nombres de quienes integran el Consejo Redactor ni un cronograma detallado de trabajo, más allá del anuncio de su instalación formal. La Secretaría de las Mujeres tampoco ha precisado si el órgano incluirá representación de organizaciones civiles, academia o del sector privado más allá de las cuatro plataformas firmantes del acuerdo original.
Organizaciones de la sociedad civil especializadas en derechos digitales han sostenido en el pasado que la eficacia de este tipo de acuerdos depende de la transparencia con la que operen y de si sus resultados se traducen en indicadores verificables, como el número de reportes atendidos, los tiempos de respuesta de las plataformas o la proporción de contenido efectivamente retirado tras una denuncia.
El siguiente paso, de acuerdo con lo informado, será la definición de los criterios operativos del consejo, un proceso cuyo calendario no se ha hecho público. La dependencia no ha anunciado fecha para presentar resultados ni indicadores de seguimiento del acuerdo suscrito con Meta, Google, TikTok y YouTube, por lo que el alcance de esta instancia en la reducción de las violencias digitales quedará sujeto a la evaluación de los próximos meses.