Según ha trascendido, el vehículo —destinado por ley al control y extinción de incendios y a la atención de emergencias que pongan en riesgo la vida o los bienes de la población— habría sido empleado durante las celebraciones populares para asperjar agua sobre los asistentes, una práctica que en distintas regiones del país suele repetirse en fiestas patronales y ferias municipales, pero que en este caso coincidió con una temporada de alta vulnerabilidad por incendios de cobertura vegetal en el Tolima.
La gobernadora Matiz se pronunció sobre lo ocurrido e hizo un llamado a las autoridades locales y a los responsables del hecho. Su intervención apunta a que se establezcan responsabilidades sobre el uso del camión y sobre la autorización, si la hubo, para emplear un recurso de atención de emergencias con fines distintos a los previstos en los protocolos de los cuerpos de bomberos.
El Tolima, como buena parte del territorio colombiano, atraviesa periodos de bajas precipitaciones que favorecen la propagación de incendios forestales en zonas rurales y de ladera. En esos episodios, la disponibilidad de los carros de bomberos y de su personal resulta crítica: las emergencias suelen afectar simultáneamente a varios municipios, lo que obliga a coordinar apoyos interinstitucionales entre la gobernación, los cuerpos de socorro y, en los casos de mayor magnitud, la Fuerza Aérea Colombiana mediante descargas aéreas de agua.
El marco que rige a los cuerpos de bomberos en Colombia es la Ley 1575 de 2012, que los define como la primera respuesta en la atención de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates, y establece el servicio de gestión del riesgo contra incendios como un servicio público esencial a cargo de los municipios y distritos. Bajo esa norma, los cuerpos de bomberos pueden ser oficiales, voluntarios o aeronáuticos, distinción relevante para establecer la cadena de mando y las eventuales responsabilidades en un caso como el que se investiga.
La Ley 1575 y el régimen disciplinario de los servidores públicos abren la puerta a que el uso de recursos bomberiles para actividades ajenas a su misión derive en investigaciones contra los funcionarios municipales que autoricen o toleren esas prácticas. La Procuraduría General de la Nación, encargada de vigilar la conducta de los servidores públicos, es el organismo competente para adelantar una eventual indagación disciplinaria si se establece que medió una orden o autorización oficial para el uso del vehículo.
El uso de vehículos de emergencia con fines recreativos no es inédito en el país. En ferias, carnavales y fiestas patronales de distintas regiones se han reportado episodios similares, lo que ha llevado a cuerpos de bomberos oficiales y voluntarios a advertir sobre el desgaste de los equipos, el consumo de agua destinada a emergencias y el riesgo de que el vehículo no esté disponible de forma inmediata ante una llamada de auxilio.
Las ferias y fiestas patronales constituyen una tradición arraigada en los municipios colombianos y convocan a miles de asistentes en poblaciones de todos los tamaños. Ese carácter masivo explica que los cuerpos de socorro sean requeridos con frecuencia para labores de acompañamiento durante las celebraciones, un escenario en el que la línea entre el apoyo logístico y el uso indebido de los recursos oficiales puede desdibujarse.
El derecho de réplica de los responsables señalados, así como del cuerpo de bomberos involucrado, queda pendiente de que estos entreguen su versión sobre las circunstancias en que se empleó el vehículo durante las festividades.
La gobernación del Tolima no ha informado si adelantará una investigación administrativa propia, adicional al llamado público de la gobernadora Matiz, ni si se contempla la imposición de sanciones en caso de confirmarse el uso indebido del vehículo. Tampoco se ha precisado el municipio exacto, la fecha del episodio ni si el cuerpo de bomberos correspondiente es oficial o voluntario.
En los próximos días se espera que trascienda mayor información sobre el lugar y la fecha del hecho, así como eventuales pronunciamientos de las entidades del sector, entre ellas la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, adscrita al Ministerio del Interior y encargada de la coordinación de la gestión del riesgo contra incendios, que podría fijar una posición sobre el manejo dado a los recursos bomberiles en medio de la temporada de incendios forestales.
