En el documento, la asociación indicó que tuvo acceso a una versión filtrada del RNPDNO cuyos datos contradicen una de las explicaciones ofrecidas por el gobierno federal sobre las modificaciones recientes al padrón. El contraste entre ambas versiones de la misma base de datos, sostuvo la organización, convierte al registro en “un instrumento en el que no se puede confiar”.
El punto central de la disputa está en los registros que la autoridad considera sin información suficiente. Las autoridades han sostenido que 46,742 registros —cerca de 36% de los contenidos en la plataforma pública— no contaban con datos suficientes para vincularlos con una víctima. Sin embargo, el análisis de la base filtrada encontró que apenas 2% de los registros carece simultáneamente de esos datos básicos, según Data Cívica.
A ese desfase se suma la opacidad sobre qué información queda fuera de consulta. La organización señaló que 38.5% de los registros del RNPDNO se encuentran confidencializados sin que existan criterios públicos conocidos para determinar por qué esos expedientes quedan fuera del acceso ciudadano. El análisis detectó además que, entre 2021 y 2023, hubo más registros confidenciales que públicos, sin explicación de las razones.
Según la propia organización, el gobierno federal asegura que actualmente existen 43,128 personas desaparecidas de las 132,534 que llegaron a estar registradas, además de los 46,742 casos que, de acuerdo con la autoridad, carecen de datos suficientes para realizar búsquedas. Data Cívica sostuvo que la información oficial de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales no permite dimensionar el tamaño de la crisis.
La asociación comparó las consultas realizadas al Registro Nacional en 2024, 2025 y 2026 y concluyó que las cifras cambian constantemente sin que existan mecanismos públicos que permitan reconstruir qué ocurrió con miles de expedientes. Entre los hallazgos figura una disminución en el número de personas desaparecidas y no localizadas en al menos 20 entidades.
El comportamiento de esas reducciones no es homogéneo. En Tabasco y Jalisco, la baja coincide con un incremento casi equivalente en las personas reportadas como localizadas, con o sin vida. Guanajuato presenta un patrón distinto, pues aumentaron tanto los registros de personas desaparecidas y no localizadas como los de personas localizadas.
La organización también apuntó que la consulta correspondiente a 2026 contiene 1,507 registros más de casos ocurridos hasta 2024 que la consulta efectuada un año antes. Data Cívica señaló que ese crecimiento no puede explicarse únicamente por la localización de personas y apunta a la incorporación posterior de casos ocurridos años atrás. “Estas inconsistencias impiden responder una pregunta básica: ¿cuántas personas desaparecidas hay actualmente en México?”, cuestionó la asociación.
El RNPDNO fue creado a partir de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, promulgada en 2017, que ordenó su integración y su actualización permanente como herramienta central para la localización de víctimas. La Comisión Nacional de Búsqueda, adscrita a la Secretaría de Gobernación, es la instancia encargada de administrarlo con la información aportada por las fiscalías y comisiones estatales.
El registro ha sido objeto de controversia desde diciembre de 2023, cuando el gobierno federal anunció un nuevo censo casa por casa que derivó en una reclasificación de los expedientes y en la depuración de decenas de miles de casos, medida que colectivos de familias y organizaciones cuestionaron por su metodología. Amnistía Internacional ha alertado sobre la magnitud de la crisis de desapariciones en el país, que se cuenta por decenas de miles de personas no localizadas.
La Secretaría de Gobernación ha refrendado su compromiso con las familias de personas desaparecidas y ha destacado nuevas acciones de búsqueda e identificación, según sus comunicaciones oficiales. Hasta el momento, las autoridades federales no han respondido públicamente al contraste de cifras planteado por Data Cívica en esta edición del compendio.
El debate sobre la fiabilidad de las cifras de desaparecidos no es nuevo en México. Durante el sexenio anterior, la depuración del padrón y la metodología del censo poblacional ya habían enfrentado a colectivos de búsqueda con el gobierno federal, en un contexto en el que las madres buscadoras han asumido en muchos casos las labores de rastreo ante la falta de resultados institucionales.
Data Cívica llamó a transparentar la metodología con la que se actualiza el RNPDNO y a hacer públicos los criterios de confidencialización, de modo que sea posible reconstruir qué ocurrió con los expedientes modificados. Sin esa trazabilidad, advirtió la organización, la pregunta sobre cuántas personas desaparecidas hay en el país seguirá sin respuesta verificable.