La elección de Henríquez se produjo en una sesión marcada por movimientos inusuales en el tablero político. El uribismo, que durante el gobierno anterior ejerció una oposición frontal al Pacto Histórico, encontró en esa misma bancada los votos necesarios para asegurar la mesa directiva de la corporación, un episodio que ilustra la fluidez de las alianzas legislativas al inicio de cada legislatura.
El propio Henríquez enmarcó su gestión en la búsqueda de consensos. «Garantizo que esta será una legislatura donde yo lo que buscaré es el diálogo, el consenso, el respeto de la garantía de todos los senadores», afirmó, y precisó que ese respeto cobija tanto a quienes se constituyan como partido de gobierno como a la oposición y los independientes. «Menos espíritus conflictivos, más espíritus resolutivos», sostuvo al describir el talante con el que aspira a conducir la corporación. El mensaje llega cuando De la Espriella apenas comienza a configurar su relación con un Congreso donde no cuenta con mayorías automáticas.
Henríquez notificó al Ejecutivo que los debates de control político se realizarán con independencia de la tendencia del gobierno de turno, al considerarlos «un derecho de los congresistas» y una demanda permanente de la ciudadanía para que el Congreso controle al gobierno. La herramienta está contemplada en el artículo 135 de la Constitución Política, que faculta a las cámaras a citar a los ministros del despacho para que rindan cuentas sobre su gestión, en desarrollo del principio de separación de poderes que rige el sistema presidencialista colombiano.
La agenda: salud, seguridad y catastro
En materia de agenda legislativa, Henríquez identificó la salud como una de las prioridades. El congresista defendió que el sistema «es un buen sistema» que «hay que ajustar, no destruir», y reclamó actualizar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el mecanismo con el que el sistema remunera a las entidades promotoras de salud (EPS) por cada afiliado. Según señaló, existe un mandato constitucional pendiente de cumplimiento para actualizar ese valor. El rezago de la UPC frente a los costos del sistema ha sido objeto de seguimiento por la Corte Constitucional en el marco de la sentencia T-760 de 2008, que declaró el estado de cosas inconstitucional en salud.
La seguridad ocupó otro lugar destacado en su diagnóstico. Henríquez mencionó de manera explícita la extorsión y el boleteo —el cobro forzoso a comerciantes por parte de estructuras criminales— como fenómenos que, dijo, están «en cada esquina de Colombia», y advirtió que la inseguridad «está disparada en toda la nación». También aludió a las dificultades de acceso a medicamentos como una de las preocupaciones ciudadanas que, a su juicio, el Congreso debe atender.
El tercer eje que anunció es la modernización del catastro, instrumento clave para la actualización de los avalúos prediales y, por extensión, para el recaudo del impuesto predial que sostiene las finanzas de municipios y departamentos. La bancada del Centro Democrático ya radicó un proyecto de ley en ese sentido. El texto deberá surtir el trámite ordinario de cuatro debates —dos en comisión y dos en plenaria, en Senado y Cámara— antes de llegar a sanción presidencial.
El trasfondo político no puede desligarse del cambio de posición del Centro Democrático. Hace cuatro años, el partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez ejercía la oposición frente a una bancada de gobierno cohesionada en torno al Pacto Histórico. Hoy, convertido en parte de la coalición que respalda a De la Espriella, enfrenta el reto de conciliar ese rol con la independencia que Henríquez reivindica para la mesa directiva. El presidente del Senado subrayó su disposición a la «colaboración armónica» entre el ejecutivo y el legislativo dentro de la separación de poderes.
Henríquez ha pedido públicamente sentarse con el mandatario entrante, sin que el nuevo gobierno haya fijado fecha para ese encuentro. La Constitución no establece un plazo perentorio para ese tipo de reuniones, pero la tradición institucional colombiana ha dado peso a los primeros acercamientos entre la Casa de Nariño y las cabezas de las corporaciones públicas al inicio de cada legislatura.
Un Congreso fragmentado y sin mayorías automáticas
La historia reciente ofrece antecedentes de tensión entre ramas incluso con bancadas afines. Durante el gobierno de Iván Duque, las diferencias entre el Ejecutivo y sectores del propio Congreso derivaron en debates de control político de alto perfil, con mociones de censura que, aunque no prosperaron, evidenciaron la capacidad del Legislativo para ejercer control frente a gobiernos con respaldo parlamentario propio.
La composición del actual Congreso, resultado de las elecciones legislativas de 2026, refleja una fragmentación que obliga a construir mayorías variables según el tema en discusión. Esa dispersión explica en parte la coalición inédita que llevó a Henríquez a la presidencia del Senado y anticipa que buena parte de la agenda —incluidas las eventuales reformas a la salud o al catastro— dependerá de acuerdos puntuales entre bancadas que en otros escenarios se han enfrentado abiertamente.
De cara a los próximos meses, el calendario legislativo marcará los primeros hitos de la relación entre poderes. La legislatura, que según el artículo 138 de la Constitución corre entre el 20 de julio y el 16 de diciembre, será el escenario en el que se determine si el llamado al diálogo de Henríquez se traduce en acuerdos concretos o si las tensiones entre ejecutivo y legislativo terminan por definir el tono del arranque del nuevo gobierno.
