El calendario legislativo establece que el primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura debe iniciar el 1º de septiembre y concluir, a más tardar, el 15 de diciembre, conforme al artículo 65 de la Constitución. Durante ese lapso, las bancadas suelen presentar y, en algunos casos, aprobar las iniciativas que consideran de mayor relevancia política antes de que el receso obligue a turnarlas a comisiones o a la Comisión Permanente.
Si se confirma la lista de prioridades atribuida a Morena, el tema de feminicidios se sumaría a una discusión que el Congreso de la Unión ha abordado de manera intermitente desde que en 2012 se tipificó ese delito en el Código Penal Federal. Colectivos feministas han insistido en años recientes en que la tipificación vigente resulta insuficiente frente a las cifras que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que documenta de manera diferenciada los homicidios dolosos de mujeres y los que se clasifican específicamente como feminicidios en las entidades del país.
La discusión sobre inteligencia artificial llegaría al pleno de San Lázaro en un momento en que otros parlamentos de la región y organismos internacionales han comenzado a legislar sobre el uso de estas tecnologías, desde la Unión Europea hasta congresos de países como Brasil y Chile. En México no existe hasta ahora una ley federal específica que regule el desarrollo, uso comercial o aplicación gubernamental de sistemas de inteligencia artificial, un vacío que diversos legisladores han señalado en periodos ordinarios anteriores sin que se haya llegado a un dictamen de fondo.
Un trámite que puede rebasar varios periodos
El procedimiento legislativo ordinario exige que cualquier iniciativa sea presentada ante el pleno o la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnada después a la comisión o comisiones correspondientes para su análisis, y sometida a votación de dictamen antes de pasar, en su caso, al Senado de la República como cámara revisora. Ese trámite, que en ocasiones se extiende por varios periodos ordinarios, explica por qué las bancadas suelen anunciar sus prioridades con antelación: buscan ganar tiempo político para que sus iniciativas no queden rezagadas frente al resto de la agenda.
Morena cuenta con mayoría en la Cámara de Diputados, en coordinación con el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, lo que en términos prácticos le permite fijar buena parte del ritmo de discusión en el pleno y en las comisiones que presiden legisladores de su bancada. Esa mayoría, sin embargo, no exime al grupo parlamentario de negociar con las oposiciones —PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— cuando se trata de reformas que requieren mayoría calificada, como las de carácter constitucional.
Legisladores de oposición han señalado en periodos anteriores que, si bien coinciden en la necesidad de fortalecer el marco legal contra los feminicidios, discrepan en aspectos como el diseño de las penas o los mecanismos de coordinación entre las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. En el caso de la inteligencia artificial, las diferencias se han centrado más en el alcance de la regulación —si debe ser una ley específica o reformas dispersas a códigos existentes— que en la necesidad misma de legislar.
El precedente más citado en la materia es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2007, que sentó las bases del actual sistema de alertas de género y de los protocolos de investigación con perspectiva de género en el país. Aquella ley tardó más de un año en recorrer el camino desde su presentación hasta su publicación, un plazo que podría repetirse si las iniciativas anunciadas para septiembre siguen el mismo patrón de negociación.
La agenda que se atribuye a Morena llegaría además en un contexto marcado por la discusión del paquete económico para el ejercicio fiscal 2027, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe presentar a más tardar el 8 de septiembre ante la Cámara de Diputados, según establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Esa presentación suele concentrar buena parte de la atención legislativa durante las primeras semanas del periodo ordinario, lo que podría condicionar los tiempos reales de discusión de las iniciativas sobre feminicidios e inteligencia artificial.
De confirmarse la agenda, el primer indicio público llegaría con la sesión de apertura del periodo ordinario, el 1º de septiembre, cuando las bancadas suelen fijar postura sobre sus prioridades ante el pleno. A partir de ahí, el calendario de comisiones —particularmente las de Igualdad de Género, Justicia y Ciencia, Tecnología e Innovación— marcará si los temas de feminicidios e inteligencia artificial logran avanzar hacia un dictamen antes de que concluya el periodo, el 15 de diciembre, o si se suman a la lista de iniciativas pendientes que cada legislatura hereda a la siguiente.