Puzder sostuvo, en un mensaje difundido en la red social X, que en virtud del denominado Acuerdo Marco la Unión Europea se comprometió a "garantizar" que su Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial y su Directiva sobre la presentación de informes de sostenibilidad empresarial "no supongan restricciones indebidas al comercio transatlántico". "Ahora es el momento de que la UE cumpla lo prometido", escribió el embajador, quien advirtió que las disposiciones con alcance extraterritorial "perjudican a las empresas y a los trabajadores estadounidenses", aunque matizó que "no solo será Estados Unidos el que sufra las consecuencias".
Las normas europeas citadas por el diplomático obligan a las grandes corporaciones que operan en el bloque —incluidas filiales de firmas estadounidenses— a revelar el impacto ambiental y social de sus cadenas de suministro globales, con énfasis en las condiciones laborales de proveedores y subcontratistas a lo largo de esas cadenas. Se trata de un mecanismo de rendición de cuentas corporativa dirigido a prevenir abusos laborales y daños ambientales en cadenas productivas que con frecuencia se extienden a economías con regulaciones más laxas.
Un vocero de la Comisión Europea afirmó que la UE y Estados Unidos continúan trabajando en cuestiones arancelarias y no arancelarias, y subrayó que el bloque ha explicado sus normas sobre las barreras no arancelarias y reiterado su disposición a cooperar con Washington para aumentar el comercio "siempre que sea posible". No obstante, fue categórico: "Hemos sido muy claros y coherentes en cuanto a que ni nuestro marco normativo ni nuestra autonomía reguladora son objeto de negociación".
La controversia se suma a otro frente abierto entre ambos bloques: el Mecanismo de Ajuste en Frontera por las Emisiones de Carbono, instrumento europeo que impone gravámenes a las importaciones de mercancías producidas sin cumplir las normas de emisiones de carbono de la UE. Washington presiona también para que ese mecanismo se modifique; Bruselas ha rechazado en ocasiones anteriores que se trate de un arancel encubierto.
Qué está en juego para las cadenas de valor de América del Norte
El diferendo se inserta en la relación comercial entre Washington y Bruselas, uno de los intercambios económicos más voluminosos del mundo, y llega en un momento en que México observa cualquier fricción entre dos de sus principales socios comerciales. Estados Unidos concentra la mayor parte del comercio exterior y de la inversión extranjera directa que recibe el país, de acuerdo con la composición geográfica del comercio que reportan de manera recurrente el Banco de México y la Secretaría de Economía.
México mantiene un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, en proceso de modernización, y forma parte del T-MEC junto con EU y Canadá, acuerdo sujeto a un mecanismo de revisión conjunta previsto en el propio tratado. Cualquier endurecimiento o flexibilización de los estándares regulatorios transatlánticos puede repercutir en las condiciones de acceso que enfrentan las exportaciones mexicanas hacia ambos mercados, en particular las de sectores integrados en cadenas de suministro globales.
El precedente más cercano en la historia comercial reciente de México es la propia negociación del T-MEC, concluida en 2018 y en vigor desde 2020, en la que Washington impuso exigencias específicas en materia laboral y de reglas de origen que México debió incorporar a su legislación interna, incluida la reforma laboral de 2019. Aquel episodio ilustra cómo las presiones regulatorias entre socios de gran peso económico terminan por moldear las reglas que rigen a terceros países integrados en las mismas cadenas de valor.
La diligencia debida en sostenibilidad empresarial es un principio que ha ganado terreno en la regulación internacional en la última década, impulsado por episodios de condiciones laborales precarias y daños ambientales en cadenas de suministro de sectores como el textil, la minería y la manufactura electrónica. La Unión Europea ha sido de las primeras jurisdicciones en convertir ese principio en obligación legal vinculante para las empresas que operan en su territorio, con independencia de su país de origen.
En litigios bilaterales entre sus socios mayores, México ha tendido a evitar tomar partido y a negociar por separado con cada bloque para preservar sus márgenes de maniobra.
El desenlace de la presión diplomática dependerá de las próximas rondas de negociación técnica entre los representantes comerciales de Washington y Bruselas, sin que exista aún un calendario público de reuniones. La Comisión Europea deberá decidir si introduce ajustes a la implementación de sus directivas de sostenibilidad o si mantiene su postura de no negociar el contenido sustantivo de la normativa, escenario que podría derivar en nuevas fricciones arancelarias entre ambos bloques en los próximos meses.