De acuerdo con lo expuesto por De Botton, el esquema implica que la empresa seleccionada aportará capital, tecnología y capacidad de ejecución, mientras que el gobierno capitalino pondrá recursos propios y conservará la rectoría plena de la obra. Bajo ese modelo, la compañía ejecutará los trabajos y cobrará por ellos mediante contrato, como en cualquier obra pública, con la diferencia de que además invertirá recursos propios, lo que, según el funcionario, reduce el costo financiero para la ciudad.
"El Metro es y seguirá siendo cien por ciento público", afirmó el secretario, quien sostuvo que la figura de coinversión no equivale a una concesión ni a una privatización del servicio, sino a un mecanismo de financiamiento acotado a la ejecución de obra. La Línea 3 es una de las más utilizadas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y atraviesa la ciudad de norte a sur, con conexión a puntos de alta demanda como Ciudad Universitaria.
El sustento legal y el fideicomiso de control
El fundamento normativo del esquema, según explicó De Botton, se encuentra en la Ley de Austeridad y Transparencia aprobada por el Congreso de la Ciudad de México y en su reglamento. Esa figura, apuntó, permite reducir los costos financieros de obras de gran envergadura manteniendo la trazabilidad de los recursos. Para vigilar el manejo de los fondos, el gobierno capitalino creó un Fideicomiso Público de Administración y Pago (FICO), instrumento que, según la administración, dará seguimiento tanto a los recursos públicos como a los aportados por el privado ganador.
El proceso de licitación para elegir a la empresa ejecutora se encuentra en curso. "Hasta el momento, hemos llevado la ejecución en tiempo y forma de todo el proceso", declaró el secretario, quien señaló que el procedimiento sigue los tiempos habituales para que las empresas interesadas se inscriban y presenten sus propuestas técnicas y económicas. La administración no ha precisado una fecha para el fallo ni un cronograma detallado de las obras.
El mecanismo de coinversión no es inédito en la infraestructura pública mexicana, aunque su aplicación en el transporte colectivo capitalino resulta relevante por el volumen de recursos y el peso social del servicio. Esquemas de participación público-privada se han empleado en el país para proyectos carreteros e hidráulicos, algunos de los cuales han derivado en observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el manejo de contratos y sobrecostos.
El Metro tras el colapso de la Línea 12
La renovación se plantea en un contexto en que el STC ha enfrentado cuestionamientos por fallas recurrentes y accidentes. El precedente más grave es el colapso de un tramo elevado de la Línea 12, en mayo de 2021, que dejó 26 personas fallecidas y decenas de heridas, y que abrió un debate sobre el mantenimiento y la contratación de obra en el sistema. Ese episodio ha marcado las exigencias de transparencia sobre cualquier proyecto de gran escala en la red.
La administración de Brugada ha presentado la movilidad como una de sus prioridades y ha defendido la coinversión como una vía para acelerar obras que, de depender solo del presupuesto capitalino, tardarían más por las restricciones de gasto. El proyecto de la Línea 3 se suma a otras inversiones en transporte impulsadas en lo que va del sexenio, en un marco de presión sobre las finanzas locales que ha llevado al gobierno a diversificar ingresos, entre ellos el cobro de licencias permanentes, que según la propia administración recaudó 699 mdp en lo que va de 2026.
El desenlace del proceso licitatorio será el siguiente hito a observar: de él dependerán el nombre de la empresa participante y los términos financieros definitivos, incluidos los porcentajes exactos de aportación pública y privada, que hasta ahora no se han detallado. Organizaciones de usuarios y especialistas en movilidad han pedido que la licitación sea plenamente pública y que el contrato con la empresa ganadora, con sus plazos y garantías de calidad, sea accesible a la ciudadanía una vez concluido el proceso.
Los grupos parlamentarios del Congreso capitalino, tanto de la bancada morenista como de la oposición, dispondrán del monto y la relevancia de la obra como argumento para requerir acceso a los términos del contrato una vez formalizado. La rendición de cuentas sobre los 40,000 mdp comprometidos quedará, en última instancia, sujeta a la revisión que en su momento realicen los órganos de fiscalización local sobre el uso de los recursos canalizados a través del fideicomiso.