La decisión estadounidense se anunció la semana pasada y llega acompañada de un catálogo de reclamos que la USTR atribuye a Brasilia: restricciones para empresas de EU en sectores como el automovilístico y el de combustibles, las leyes de propiedad intelectual, el combate a la corrupción y la deforestación ilegal. Según estimaciones citadas por el propio gobierno brasileño, el nuevo gravamen afectaría a alrededor del 18% de las exportaciones de Brasil hacia el mercado estadounidense, aunque algunas asociaciones empresariales elevan esa cifra a cerca de un tercio del total.
Entre los productos más golpeados figuran las máquinas industriales, el azúcar, el etanol, la madera y el calzado. Trump, sin embargo, eximió del arancel a un listado de unos 2,100 productos que incluye la carne, el café, el petróleo, piezas para la fabricación de aviones, jugo de naranja y tierras raras, insumos considerados estratégicos para la economía estadounidense.
El primer impulso del gobierno de Lula, expresado la semana pasada, fue anunciar la activación «inmediata» de los mecanismos previstos en la llamada Ley de Reciprocidad, aprobada por el Parlamento brasileño en abril de 2025 como respuesta a eventuales medidas comerciales unilaterales de terceros países. Esa norma faculta al Ejecutivo a imponer represalias equivalentes cuando considere que un socio comercial aplica prácticas injustificadas contra Brasil.
Sin embargo, el vicepresidente Geraldo Alckmin y varios integrantes del gabinete se encargaron en los días siguientes de matizar ese primer anuncio. El mensaje oficial se reorientó hacia el respaldo a las empresas afectadas y la búsqueda de una salida negociada, en un giro que responde a las presiones de sectores productivos brasileños que ya manifestaron al Ejecutivo su rechazo a una escalada arancelaria con uno de sus principales socios comerciales.
«La idea no es la retaliación. Dicen que ‘ojo por ojo’ y lo que puede pasar es que los dos queden ciegos. La reciprocidad significa decir: miren, estamos siendo objeto de una injusticia y queremos corregirla; tenemos instrumentos para hacerlo en el momento oportuno y de la forma adecuada», declaró Alckmin el martes ante periodistas. El vicepresidente calificó de «injustos e infundados» los argumentos detrás del arancel y recordó que Washington mantiene un superávit comercial abultado frente a Brasil.
Del lado estadounidense, la USTR sostiene que las políticas brasileñas cuestionadas perjudican los intereses de las empresas de EU, argumento sobre el que se basa la aplicación del gravamen. La medida se inscribe en la política de aranceles selectivos que la Administración Trump ha desplegado contra distintos socios comerciales bajo el argumento de corregir prácticas consideradas perjudiciales para la industria estadounidense.
El frente comercial podría complicarse todavía más en las próximas semanas: Brasil figura entre los 60 países bajo investigación por parte de EU por presunto uso de trabajo forzoso en sus cadenas productivas, una pesquisa que, de concluir en sentido desfavorable, podría derivar en un arancel adicional del 12.5% sobre determinadas exportaciones brasileñas.
Lula, por su parte, ha mantenido un perfil público comedido y ha trasladado buena parte de su postura a redes sociales. La semana pasada advirtió que solo se pronunciará públicamente cuando Trump explique, también en público, las razones detrás del nuevo arancel. «Cuando Trump hable, yo hablaré. Si Trump no habla, no hablaré, porque vamos a demostrar que, en lo que respecta a Brasil, nadie gana mintiendo», afirmó el viernes pasado durante un acto en Río de Janeiro.
El mandatario brasileño ya había advertido que su país «no será tratado como republiqueta insignificante» y que, si Washington no desea mantener la relación comercial en los términos actuales, Brasilia buscará «nuevos socios». Ambos líderes han hablado en varias ocasiones, tanto en persona como por teléfono, a lo largo del último año, sin que esos contactos hayan destensado por ahora la disputa arancelaria.
La fricción no es inédita en la relación bilateral. Durante el primer gobierno de Lula, a mediados de la década pasada, Brasil ya llevó ante la Organización Mundial del Comercio disputas contra Estados Unidos, entre ellas el litigio por los subsidios estadounidenses al algodón, que el organismo resolvió a favor de Brasilia y que derivó en la amenaza de represalias comerciales antes de un acuerdo negociado. Aquel antecedente ilustra la vía institucional que el país sudamericano ha privilegiado frente a las escaladas unilaterales.
El contexto político interno añade una capa adicional. Brasil se encamina hacia elecciones presidenciales en octubre de 2026, en las que Lula buscará un cuarto mandato no consecutivo. La tensión comercial con EU, uno de los principales socios de inversión y comercio del país, se perfila como uno de los asuntos que marcarán la campaña, con efectos que pueden pesar tanto en la economía como en el debate electoral.
Para México y el resto de América Latina, el episodio funciona como referencia de la política arancelaria que la Casa Blanca ha aplicado de forma selectiva contra distintos socios de la región, incluidos aquellos con los que Washington mantiene tratados o mecanismos de diálogo económico de largo plazo. El desenlace entre Brasilia y Washington —negociación, escalada limitada o nuevas exenciones— podría convertirse en un precedente observado de cerca por otras economías latinoamericanas expuestas a revisiones similares por parte de la USTR.
En los próximos días se espera que el gobierno brasileño defina con mayor precisión su hoja de ruta: si opta por activar formalmente la Ley de Reciprocidad, por mantener la vía negociadora que ha defendido Alckmin o por una combinación de ambas. La resolución de la investigación sobre trabajo forzoso, aún pendiente, será otro punto de referencia clave para calibrar el alcance final de la disputa comercial entre las dos economías.