Aceptemos, pues, la primera premisa sin regatear: lo que persigue la reforma no es la burla, sino la piratería. Combatir la falsificación es, como reconoció incluso la senadora Alejandra Barrales, una causa noble. Nadie en su sano juicio defiende al que falsifica un documento oficial para estafar. Si hasta aquí llega la ley, hasta aquí la acompañamos.
Aceptemos también la segunda premisa, que es más fina: la conducta punible no es usar la gráfica institucional, sino usarla con fines comerciales para inducir a error sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma o servicio. Es una distinción elegante. Hacerse pasar por una institución para engañar, dijo Huerta, es otra cosa que la sátira, y las leyes deben tener precisión suficiente para separar una cosa de la otra. Suscrito. La precisión es, en efecto, la virtud de las leyes penales.
Y aceptemos la tercera, que es la que de verdad importa: corresponderá al ministerio público acreditar en cada caso los elementos del delito, respetando la presunción de inocencia y el debido proceso. Es decir, usted no irá a la cárcel por un dibujo; irá, en todo caso, cuando un ministerio público decida que ese dibujo no era un dibujo sino un engaño con ánimo comercial. Perfecto. Ni impunidad frente al pirata, ni arbitrariedad frente al ciudadano. El equilibrio descrito es impecable sobre el papel.
Pongamos entonces el dedo donde el propio dictamen nos invita a ponerlo. Todo el edificio se sostiene en una sola palabra: decidir. Alguien, en algún despacho, decidirá si su parodia inducía a error o solo a la risa; si su montaje del escudo nacional era crítica política protegida o uso comercial de identidad institucional. El senador Manuel Añorve Baños lo formuló con la frialdad del que ha visto expedientes: quién decidirá cuándo una caricatura política o un video satírico cruza la línea. Y recordó algo que la mayoría prefirió no retirar en comisiones: en materia penal no puede haber zonas grises.
Aquí es donde conviene detenerse, porque el problema no es nuevo y este país lo tiene medido. Octavio Paz describió al Estado mexicano como un ogro filantrópico: una criatura que reparte con una mano y devora con la otra, y que nunca pide permiso para decidir cuál de las dos extiende. El dedazo no se discutía: se ejercía. No hacía falta prohibir la crítica cuando bastaba con que alguien, arriba, decidiera quién había cruzado la raya. La filantropía estaba en el discurso; el ogro, en la discrecionalidad.
Sigamos ahora el razonamiento oficial hasta su última consecuencia, sin añadir nada que ellos no hayan puesto. Si la ley es tan precisa como se nos jura, entonces el ministerio público solo tendrá que leerla para saber qué es engaño y qué es sátira, y la zona gris que denuncia Añorve no existe. Pero si la zona gris existe —y existe, porque de otro modo no habría nada que debatir en el pleno—, entonces la frontera entre los cinco años de prisión y el chiste inofensivo no la traza la ley: la traza quien decide aplicarla. Y esa persona no es usted, ni es el autor del meme. Es un funcionario del mismo aparato cuya gráfica institucional se parodió. El supuesto ofendido nombra al árbitro.
Reconstruyamos el cuadro completo, siempre con sus propias piezas. Una mayoría legislativa aprueba una reforma cuya causa noble nadie discute; dentro de esa causa noble viaja un precepto que la oposición pidió retirar y que no se retiró; ese precepto deja en manos del ministerio público decidir caso por caso dónde termina la parodia. Nos aseguran que jamás lo usarán contra la crítica. Puede que sea verdad. Pero la ley no se escribe para los gobiernos que prometen no usarla; se escribe para todos los que podrán usarla después, cuando nadie recuerde la promesa de Huerta desde la tribuna. Una legislatura que ha acumulado más de cien iniciativas de inteligencia artificial sin aprobar una sola, según documentaron analistas de la Ibero, encontró en cambio tiempo y precisión para legislar sobre quién se ríe de quién. La eficiencia, como la filantropía del ogro, también elige sus días.
De modo que la pregunta no es si quieren meterlo a usted a la cárcel por un meme; concedido que no. La pregunta es la que dejó colgada Añorve y que el dictamen no responde: cuando su caricatura caiga en la zona gris que la mayoría se negó a borrar, ¿quién decidirá si fue sátira o delito, el ministerio público o la institución a la que usted se atrevió a retratar?
