Sigamos. La Comisión de San Lázaro avaló reformar el artículo 32 para reservar los tres cargos ejecutivos de mayor jerarquía —Presidencia, gubernaturas y la jefatura de gobierno capitalina— a mexicanos por nacimiento que no ostenten otra nacionalidad. Hasta ahora bastaba con haber nacido mexicano; conservar, además, otro pasaporte no era estorbo. La novedad, escribió la casa, es exigir que renuncien a esa segunda ciudadanía. Bien. Si el peligro es la doble lealtad, lo lógico es cerrar la puerta a la doble lealtad. Nadie discute la aritmética moral.
Aceptemos también el segundo escalón. La diputada Castillo citó el juramento de naturalización estadounidense, ese que compromete a defender la Constitución de aquel país contra todos sus enemigos, extranjeros y nacionales. Un juramento así, dijo, es incompatible con encabezar el Ejecutivo mexicano. Correcto. Quien haya jurado defender a Washington no debería, al mismo tiempo, mandar en Palacio Nacional. La incompatibilidad es geométrica. Concedámosla.
Y concedamos el tercer escalón, porque el rigor obliga. La diputada petista Lilia Aguilar aseguró que la reforma no busca perjudicar a nadie, sino aportar claridad: fijar con nitidez quién puede acceder a esos tres cargos. La claridad es una virtud republicana. Nadie ha muerto por un artículo constitucional demasiado claro. Si de lo que se trata es de saber exactamente quién entra y quién no, celebremos: por fin sabremos con precisión quiénes forman parte del club y quiénes se quedan mirando desde la reja.
Ahora bien, sigamos el hilo con la misma seriedad con que ellos lo tendieron. La diputada emecista Irías Virginia Reyes de la Torre recordó algo incómodo para la geometría: la propia Constitución reconoce como mexicanos a quienes nacen aquí de padres extranjeros y a quienes nacen fuera de madre o padre mexicanos. «Aquí nadie elige ni quiénes son sus padres ni mucho menos elegimos el lugar en el que nacemos», dijo. De modo que la segunda nacionalidad, en millones de casos, no es una decisión ni un juramento: es un accidente de partida, un lugar de nacimiento que el interesado no eligió. El peligro que se combate, entonces, no siempre nace de un juramento. A veces nace de una partera del otro lado del río.
Aquí conviene detenerse en una prueba, no en un adorno. Octavio Paz llamó al Estado mexicano «el ogro filantrópico»: la mano que da con una y quita con la otra, y que reparte pertenencia como reparte favores. El artículo 82 exige la nacionalidad por nacimiento desde 1917, y ha sido, dice la casa, un límite infranqueable que dejó fuera a más de una figura nacida en el extranjero. Aquel límite pertenecía a la lógica del PRI hegemónico, la misma que decidía por dedazo quién era digno de subir y quién no. La reforma de hoy no inventa el candado: lo aprieta, y lo extiende a las gubernaturas. El ogro sigue filantrópico; solo ha decidido ser más selectivo con sus hijos.
Y es aquí donde el argumento revienta solo, sin que nadie lo empuje. Si el peligro es responder a dos patrias, el remedio propuesto no examina lealtades: examina partidas de nacimiento. No pregunta a quién obedece usted; pregunta dónde nació su madre. De los cuatro millones de mexicanos en el exterior que mencionó el diputado panista Federico Döring, muchos tienen dos nacionalidades por el mismo motivo por el que respiran: nacieron donde nacieron. A todos ellos la reforma les dice que pueden mandar remesas —un billón 200 mil pesos en 2025, recordó la diputada Noemí Luna Ayala— pero no mandar en México. Pueden financiar al país; gobernarlo, no. El ogro acepta el dinero de sus hijos y les cierra la puerta de la casa.
Sigamos hasta el disparate, que es adonde llevan las premisas honestas. La diputada Castillo aclaró que su planteamiento no pone en duda «los sentimientos, la identidad o el patriotismo» de los binacionales, solo anticipa un conflicto de interés. Perfecto: entonces reconocemos que son patriotas, que son mexicanos, que sienten a México —y aun así les negamos el cargo. Se les concede todo salvo lo único que importa: la llave. El diputado priista César Alejandro Domínguez lo nombró «sospechosismo»: una restricción de derechos fundada no en lo que alguien hizo, sino en lo que podría, quizá, algún día, hacer. Cuando la comisión rechazó la moción de Döring de abrir un parlamento abierto para escuchar a esos cuatro millones, cerró también el único trámite que habría permitido preguntarles algo. El club decidió quién entra sin consultar a los que dejaba fuera. Es coherente: a nadie se le pide opinión sobre su propia exclusión.
La ruta está trazada. El dictamen sube al pleno, donde Morena y sus aliados tienen la mayoría calificada del artículo 135; luego al Senado y a los congresos estatales. La votación se replicará, dicen, como en comisiones. Así que la pregunta que la diputada Castillo formuló con tanta razón —¿a qué patria respondería un mandatario con dos lealtades?— sigue en pie, invertida. Si el requisito ya no es la lealtad probada sino el lugar donde uno vino al mundo, díganos usted: cuando la reforma decida que un mexicano de Chicago no puede gobernar el país que sostiene con sus remesas, ¿quién le explicará a ese connacional a qué patria pertenece, si la que le cobra no es la que lo deja entrar?