La diligencia, de carácter privado, se reanudó la mañana del martes tras un receso de más de siete horas. De acuerdo con fuentes locales, a la conexión se sumó Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo y actual presidenta municipal de Uruapan, quien asumió el cargo tras el homicidio de su esposo. La Fiscalía michoacana imputó a Álvarez Ayala el delito de homicidio en agravio del edil.
El plazo constitucional y la prisión preventiva oficiosa
Conforme al artículo 19 de la Constitución y al Código Nacional de Procedimientos Penales, la imputación es el acto por el cual el Ministerio Público comunica a una persona, ante el juez de control, los hechos que se le atribuyen. La vinculación a proceso —que en este caso se resolverá el viernes— es la resolución judicial que determina si existen datos de prueba suficientes para que el procedimiento continúe, y en ningún caso equivale a una sentencia ni implica culpabilidad.
La defensa ejerció su derecho a solicitar la duplicidad del plazo constitucional, previsto en el propio artículo 19: originalmente concede 72 horas para que el juez resuelva sobre la vinculación, ampliables a 144 a petición del imputado para ofrecer y desahogar pruebas de descargo. Mientras tanto, Álvarez Ayala permanece bajo prisión preventiva oficiosa, medida cautelar que la ley reserva para delitos considerados graves —entre ellos el homicidio doloso— y que atiende al riesgo de fuga o de obstrucción a la investigación, no a una determinación de responsabilidad penal.
Según información del Ejército mexicano, Ramón Ángel Álvarez Ayala figura como uno de los colaboradores de mayor confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, «el Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Conforme a esa misma fuente, «el R1» habría tenido a su cargo el control de las actividades de narcotráfico en la zona metropolitana de Guadalajara y en el norte de Jalisco, además de coordinar acciones armadas contra células rivales en las plazas donde el CJNG mantiene presencia.
Hasta el momento, 31 personas han sido detenidas y vinculadas a proceso por este homicidio, entre ellas integrantes de la célula que, según la investigación, ejecutó materialmente el ataque contra el edil durante un acto público. El nombre de Rafa Álvarez Ayala, identificado como «el R2» y señalado como lugarteniente del CJNG en Jalisco, ha sido mencionado en la misma investigación, aunque hasta ahora no consta que enfrente un proceso judicial vinculado al homicidio de Manzo.
El homicidio de Carlos Manzo, registrado en noviembre de 2025 en el parque principal de Uruapan mientras el munícipe participaba en el «Festival de las Velas», tuvo repercusión en el Congreso de la Unión y derivó en el reforzamiento del operativo de seguridad en la región de Tierra Caliente, una de las zonas con mayor disputa territorial entre el CJNG y grupos rivales por el control de rutas de trasiego y de extorsión a productores agrícolas.
La Fiscalía de Justicia de Michoacán y la Fiscalía General de la República no han precisado si Álvarez Ayala será procesado también por delincuencia organizada o por otros delitos conexos, como podría desprenderse de su presunto papel operativo dentro del CJNG. Tampoco se ha informado sobre el número de causa penal asignado al expediente, dato que las autoridades judiciales suelen reservar mientras el proceso se encuentra en fase de investigación.
El uso de la ampliación del plazo constitucional se ha vuelto recurrente en causas de alto perfil contra objetivos prioritarios de la delincuencia organizada desde la entrada en vigor plena del sistema penal acusatorio en 2016, cuando el país abandonó el modelo inquisitivo escrito para adoptar los juicios orales y las audiencias públicas. La duplicidad de las 72 a las 144 horas, prevista en la ley, permite a la defensa preparar el litigio sobre la vinculación a proceso.
La resolución que se espera para el próximo viernes determinará si Ramón Ángel Álvarez Ayala queda formalmente vinculado a proceso por el homicidio de Carlos Manzo o si el juez de control considera insuficientes los datos de prueba aportados por la Fiscalía michoacana. De confirmarse la vinculación, el expediente entraría en la etapa de investigación complementaria, con plazo para el cierre de la instrucción y, eventualmente, la etapa intermedia previa a un juicio oral.