La FGR señaló que aportó las pruebas suficientes para que el juez federal acreditara la responsabilidad penal de Mazari Hernández en las hipótesis de delitos contra la salud, secuestro y delincuencia organizada, todas vinculadas a la operación de Los Rojos, agrupación también identificada como "Cártel Independiente". Además de la pena privativa de la libertad, la resolución contempla la reparación del daño a la víctima, la suspensión de los derechos políticos y civiles del sentenciado y una amonestación.
El caso de "El Carrete" se remonta a agosto de 2019, cuando agentes de la entonces Policía Federal Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra dentro del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-Oaxaca", penal de máxima seguridad donde ya se encontraba recluido. En 2020 fue sentenciado a 20 años de prisión por delincuencia organizada, derivada de su participación en la distribución de cocaína; esa condena constituye el antecedente directo sobre el que ahora se acumula la nueva pena.
De la disputa por Morelos al vínculo con Ayotzinapa
Según la reconstrucción de la FGR, Mazari Hernández encabezó entre 2012 y 2013 la estructura de Los Rojos, dedicada a la delincuencia organizada, el secuestro y los delitos contra la salud en el estado de Morelos. Durante esos años, el grupo mantuvo una disputa por el control territorial con la organización rival Guerreros Unidos, señalada en distintas causas penales por la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre de 2014, uno de los procesos judiciales de mayor escrutinio público de la última década en México.
El expediente de "El Carrete" no está formalmente vinculado a la causa de Ayotzinapa, pero la referencia de la propia fiscalía permite dimensionar el contexto de violencia y disputa de plazas que caracterizó a la región centro-sur del país en ese periodo.
La acumulación de condenas de larga duración contra jefes criminales tiene precedentes conocidos en México. El caso más citado es el de Joaquín "El Chapo" Guzmán, condenado en 2019 en una corte federal de Nueva York a cadena perpetua más 30 años; en el ámbito nacional, líderes de organizaciones como el Cártel del Golfo y La Familia Michoacana han recibido sentencias que rebasan el siglo de prisión. La lógica de estas penas acumulativas busca garantizar que los sentenciados permanezcan en reclusión incluso si alguna condena previa fuera revocada o reducida en instancias superiores.
En el marco procesal aplicable, las sentencias dictadas por un juzgado de distrito en materia penal federal son recurribles mediante recurso de apelación ante un tribunal unitario de circuito, y posteriormente por la vía del amparo directo. La defensa de Santiago Mazari Hernández no se ha pronunciado públicamente sobre la nueva sentencia ni ha informado si impugnará la resolución. La FGR, por su parte, no precisó el número de causa penal ni el juzgado específico que dictó la pena, datos que suelen reservarse en primera instancia por motivos de seguridad procesal cuando se trata de reos de alta peligrosidad.
Con la nueva sentencia, Mazari Hernández acumularía en el papel 125 años de prisión entre ambas condenas, si bien el sistema penitenciario mexicano no contempla la ejecución íntegra de penas de esa magnitud, que operan como topes formales y no como plazos efectivos de cumplimiento.
La fiscalía no descartó que el exlíder de Los Rojos enfrente procesos adicionales derivados de otras carpetas de investigación relacionadas con la operación del grupo en Morelos y entidades vecinas, por lo que el caso podría sumar nuevos capítulos judiciales en los próximos meses.