El informe, entregado en cumplimiento del artículo 69 constitucional que obliga al titular del Ejecutivo federal a rendir cuentas por escrito ante el Congreso de la Unión al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, sitúa el monto recuperado en la primera mitad de 2026 por encima de todo lo reportado en 2024, año en que concluyó el mandato de López Obrador e inició el de Sheinbaum, cuando la cifra fue de 992.5 mdp.
Para 2025, primer año completo de la actual administración, el documento reporta recuperaciones por 2,249 mdp, con un costo asociado en actos de fiscalización de 1,457 mdp. Al sumar ese monto con lo obtenido en los primeros seis meses de 2026, el total del sexenio de Sheinbaum asciende hasta ahora a 3,579.7 mdp, frente a los 2,660 mdp recuperados por las contralorías en los dos primeros años completos de López Obrador (2019 y 2020), lo que arroja el alza de 34.5% que subraya el informe.
La comparación se estrecha, sin embargo, cuando se amplía la ventana histórica: ni el sexenio de López Obrador ni el de Sheinbaum se acercan a los montos recuperados por administraciones de inicios de siglo. El periodo con mayores recuperaciones desde 2000 fue el de Vicente Fox, cuyos primeros dos años (2001 y 2002) arrojaron 17,478.8 mdp, más de cuatro veces lo acumulado hasta ahora por la actual administración.
Le siguieron Enrique Peña Nieto, con 7,146 mdp entre 2013 y 2014, y Felipe Calderón, con 6,759.8 mdp entre 2007 y 2008, según la serie histórica que recoge el propio documento entregado al Congreso de la Unión. La brecha coincide con la reconfiguración del marco de fiscalización de la última década, en particular la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción en 2016 y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que modificaron los procedimientos de sanción y de recuperación de recursos públicos.
Sanciones a servidores y expansión de contralorías
En materia de sanciones a servidores públicos, el Segundo Informe de Gobierno reporta 212 casos de presunta responsabilidad identificados en el primer semestre de 2026. La cifra se lee en contraste con los 729 casos registrados durante 2025, primer año completo de Sheinbaum, y con los 390 de 2024 —último año de López Obrador y primero de la actual mandataria—, lo que implicó entonces un repunte de 86.9% respecto al año previo. El año con mayor número de sanciones desde 2000 fue 2001, con 2,335 casos, en el arranque del sexenio de Fox.
Sobre la infraestructura de fiscalización, el informe destaca que en 2026 entraron en operación dos nuevos Órganos Internos de Control respecto a 2025, para llegar a un total de 98. Ese incremento revierte una tendencia a la baja registrada desde 2023, cuando existían 213 contralorías, ocho menos que las 221 reportadas en 2022, último año completo del sexenio de López Obrador.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, creada al inicio de la actual administración como desdoblamiento de funciones que antes correspondían a la Secretaría de la Función Pública, es la instancia coordinadora de los OIC en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Su papel articulador es el que sostiene la serie de recuperaciones y sanciones que ahora presenta el Ejecutivo en su informe.
La lectura de las cifras divide a los grupos parlamentarios de la LXVI Legislatura. Desde bancadas morenistas se ha sostenido que el incremento porcentual frente al periodo equivalente de López Obrador confirma la consolidación de los mecanismos de control interno, aunque el propio informe reconoce que los montos permanecen muy por debajo de los de sexenios de inicios de siglo. Legisladores de oposición, por su parte, han cuestionado la comparabilidad entre administraciones, al señalar que los montos dependen en buena medida de casos de gran cuantía y no reflejan necesariamente una tendencia sostenida de eficacia institucional.
El Segundo Informe de Gobierno será objeto de análisis por comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados y del Senado durante el actual periodo ordinario de sesiones, en el marco de las glosas que tradicionalmente convocan a secretarios de Estado a comparecer ante el Congreso de la Unión para detallar los datos entregados por el Ejecutivo.
La Auditoría Superior de la Federación, órgano técnico de la Cámara de Diputados encargado de fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos federales, revisará en los próximos meses la Cuenta Pública correspondiente a 2025, cuyo dictamen podría aportar elementos adicionales para contrastar las cifras de recuperaciones reportadas por el Ejecutivo en su informe de gobierno.