El crimen ocurrió en plena celebración comunitaria, con asistentes reunidos en el lugar. Los cuerpos de Navarrete y del hombre identificado quedaron tendidos entre quienes participaban en la festividad, en una localidad de este municipio del Istmo de Tehuantepec, una de las regiones de mayor peso estratégico de Oaxaca por su ubicación en el corredor interoceánico.
La FGEO informó en un comunicado que confirmó el asesinato de Navarrete y de dos hombres más: uno de ellos identificado con las iniciales F. M. M. —señalado como su fotógrafo— y una tercera víctima masculina que, hasta el momento, permanece sin identificar. Otras versiones difundidas en la región apuntaron a una persona fallecida adicional, dato que las autoridades no han confirmado.
De acuerdo con la información preliminar de la fiscalía, un individuo habría efectuado las detonaciones de manera directa contra las víctimas. La dependencia señaló que un equipo multidisciplinario acudió al sitio «para acordonar el área, procesar la escena del crimen, realizar el levantamiento de los cuerpos y recabar los indicios necesarios para esclarecer el caso y dar con el responsable», según el texto difundido.
El expediente se encuentra en la etapa de investigación inicial, previa a cualquier identificación formal de un probable responsable. No existe, hasta el momento, ninguna persona detenida, indiciada ni imputada, por lo que el caso permanece abierto sin que se haya fijado públicamente una hipótesis sobre el móvil. La FGEO no ha señalado si el ataque se vincula al proceso electoral en curso o a otras causas, extremo que corresponde establecer a la autoridad ministerial conforme avance la indagatoria.
Navarrete había competido previamente por la presidencia municipal de Matías Romero Avendaño bajo las siglas del PVEM y, de acuerdo con medios locales, buscaba una nueva candidatura para el proceso electoral 2026-2027, cuyo arranque formal en Oaxaca ocurrió el día previo al ataque. Se le colocaba entre las aspirantes con mayor posicionamiento en la contienda municipal, aunque no consta que hubiera sido formalmente registrada como precandidata al momento del crimen.
Un patrón que reaparece cada ciclo electoral
El caso se suma a las agresiones contra actores políticos locales documentadas en México durante los ciclos electorales recientes, particularmente en los procesos de 2018 y 2021, cuando organizaciones dedicadas al conteo de la violencia política registraron asesinatos de precandidatos, candidatos y funcionarios municipales, con incidencia especialmente alta en estados como Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Tamaulipas. El fenómeno llevó a que el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales electorales adoptaran protocolos de protección a candidaturas en coordinación con las fiscalías estatales, cuya aplicación efectiva varía según la entidad.
Oaxaca ha registrado en años anteriores casos de violencia contra autoridades municipales y aspirantes a cargos de elección popular, tanto en municipios regidos por sistemas normativos indígenas como por partidos políticos, en un contexto de disputas por el control territorial y por recursos públicos municipales que distintas fiscalías han vinculado, en algunos expedientes, con estructuras de delincuencia organizada. El Istmo de Tehuantepec, por su parte, ha concentrado tensiones asociadas al corredor interoceánico y a las actividades de comercio y transporte de mercancías entre el Golfo de México y el Pacífico.
El marco normativo aplicable contempla la investigación por homicidio doloso a cargo del Ministerio Público, bajo el Código Nacional de Procedimientos Penales. De identificarse un probable responsable, debería ser puesto a disposición de un juez de control para la audiencia inicial, donde se resolvería sobre su vinculación a proceso conforme al artículo 19 constitucional, paso previo e indispensable a cualquier acusación formal. Hasta ahora no existe ninguna persona en esa etapa procesal.
El gobierno de Oaxaca no se ha pronunciado públicamente sobre el caso más allá del comunicado de la FGEO, y el PVEM tampoco ha emitido una postura oficial sobre el asesinato de su excandidata. La ausencia de posicionamientos de las dirigencias partidistas contrasta con la atención que el caso ha generado en medios regionales del Istmo.
La FGEO deberá determinar en los próximos días si existen líneas de investigación relacionadas con el entorno político de Navarrete, con conflictos locales o con la actividad de grupos criminales en la zona. Por tratarse de un homicidio doloso, la carpeta de investigación seguirá bajo conducción del Ministerio Público estatal mientras no se acredite competencia federal, escenario que solo se activaría si se identificaran delitos del fuero federal.
El crimen se produjo a un día del arranque formal del proceso electoral 2026-2027 en Oaxaca, lo que sitúa en el centro del debate la capacidad de las autoridades electorales estatales para reforzar, en las próximas semanas, los protocolos de protección a precandidatos y candidatos en los municipios de mayor riesgo. Por lo pronto, no se ha fijado una fecha para la identificación de un probable responsable ni se ha informado sobre diligencias adicionales programadas por la fiscalía.