"Nos da mucho gusto que estos operativos se estén generando en nuestra entidad", declaró Villarreal Anaya al referirse a la serie de cateos y aseguramientos que han tenido como escenario distintos puntos de Tamaulipas. El gobernador reconoció que las autoridades estatales no cuentan con información completa sobre la naturaleza de los productos decomisados: "No sabemos ni siquiera si son o no hidrocarburos o en qué calidad están, como contrabando o como defraudación fiscal, hasta que no nos den el avance de las investigaciones", pues los procesos permanecen bajo reserva mientras la Fiscalía General de la República (FGR) y las dependencias federales avanzan en las pesquisas.
Según el reporte difundido por el Gabinete de Seguridad del gobierno de México, en el operativo más reciente, realizado en Güémez, elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la FGR y personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) catearon dos inmuebles. Ahí fueron detenidas 14 personas y se aseguraron 348,700 litros de aceite, nueve tractocamiones, un autotanque, 22 toneles, 16 contenedores de acero móviles, 25 vehículos y una tolva, de acuerdo con la información oficial.
Villarreal Anaya explicó las razones estructurales por las que Tamaulipas se ha convertido en un punto sensible para el tránsito de combustibles de procedencia irregular. "El país que más refinerías tiene es Estados Unidos, tiene 130 refinerías; nosotros tenemos seis a nivel nacional y la de Deer Park", señaló, en referencia a la refinería copropiedad de Pemex en Texas.
El gobernador detalló que, de esas refinerías estadounidenses, el 55%, es decir cerca de 70 plantas, se concentran en Texas y Luisiana, lo que —según su lectura— convierte a la frontera con Tamaulipas en una vía natural para la importación de gasolina que México requiere. "La frontera natural para hacerlo es Tamaulipas o los puertos de Veracruz y de Altamira", indicó, al señalar que esas rutas conducen hacia la costa texana y de Luisiana, corredor donde se concentra buena parte del comercio binacional de hidrocarburos, tanto legal como irregular.
El mandatario subrayó que, aunque ha visto en medios reportes de operativos similares en al menos otras cinco entidades, Tamaulipas figura entre las zonas prioritarias de vigilancia por su "condición natural de tránsito" en el comercio de combustibles entre México y EU.
Al ser cuestionado sobre el recuento de casos, Villarreal Anaya mencionó, además del operativo en Güémez, un aseguramiento en Reynosa y otro en un predio de Ciudad Victoria sobre el cual dijo no tener certeza de la actividad que ahí se realizaba, "porque no hemos tenido más información". Sumó a ello un caso previo ocurrido en Tampico, vinculado al transporte marítimo de combustible, que ubicó como un antecedente ya conocido dentro de la misma dinámica.
De los ductos de Puebla e Hidalgo al huachicol fiscal
El huachicol —término con el que se identifica en México la sustracción y comercio ilegal de combustibles— ha estado históricamente asociado con entidades del centro del país, particularmente Puebla e Hidalgo, donde en sexenios anteriores se registraron tomas clandestinas en ductos de Pemex. La estrategia federal contra este delito se intensificó a partir de 2018, cuando el gobierno de entonces impulsó el combate al robo de combustible mediante el cierre temporal de ductos, medida que generó desabasto en varias entidades. En años recientes, el foco se ha desplazado hacia el llamado "huachicol fiscal": la importación de combustibles subdeclarados o disfrazados como otros productos para evadir el pago de impuestos, modalidad ligada al tráfico por rutas fronterizas y portuarias como las que describió el gobernador.
El marco legal que regula estas conductas se sostiene en el Código Fiscal de la Federación, que tipifica la defraudación fiscal, y en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2016, que castiga la sustracción, el almacenamiento y la comercialización ilícita de combustibles. Al tratarse de delitos del fuero federal, la investigación y la eventual judicialización corresponden a la FGR, sin injerencia directa de las autoridades estatales.
El gobierno de Tamaulipas, por su parte, no tiene competencia directa en el caso, aunque Villarreal Anaya insistió en que su administración dará seguimiento a los operativos y a la información que las autoridades federales compartan conforme se judicialicen los casos.
Los próximos hitos dependerán de las diligencias federales: la definición de la situación jurídica de los 14 detenidos dentro de los plazos que fija el Código Nacional de Procedimientos Penales, los peritajes sobre el tipo y calidad del producto asegurado y la eventual vinculación a proceso. De confirmarse la naturaleza de lo incautado se aclararía si el expediente corre por la vía fiscal o por la penal en materia de hidrocarburos.