El director del Albergue Agape, que atiende a población migrante y refugiada en Tijuana, alertó que la Patrulla Espiritual estaría por abrir una nueva clínica en la Ciudad de México, por lo que consideró urgente esclarecer tanto el mecanismo de operación de estos establecimientos como el origen de su financiamiento antes de que la práctica se extienda a otras entidades.
"Lo más importante es que se aclare el asesinato del joven de 28 años identificado como Richard Damián, murió por asfixia mecánica por sofocación y en donde estuvo involucrado personal de esa clínica, que si bien ya se encuentran detenidos, no hay sanciones, ni clausura para el establecimiento", apuntó el director del Albergue Agape.
De acuerdo con familiares de la víctima, el centro donde ocurrió la muerte sería propiedad de Jesús Ignacio Osuna, conocido como "Chikilin", y estaría vinculado a un grupo con amplia presencia en redes sociales que opera bajo el nombre de Patrulla Espiritual. La organización se dedica, según los denunciantes, a la atención de personas con adicciones en Tijuana mediante un esquema que activistas describen como detenciones de jóvenes contra su voluntad.
Los propios familiares del joven estadounidense solicitaron la intervención directa del gobierno federal, en particular del secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, para que se investigue la manera en que operan este tipo de establecimientos en la frontera norte del país. El reclamo se produce pese a que ya existirían detenidos por el caso, sin que hasta ahora se hayan reportado sanciones administrativas ni la clausura de la clínica señalada.
La denuncia coloca sobre la mesa la operación de establecimientos privados de rehabilitación en Baja California que funcionan al margen de la supervisión sanitaria formal. En México, los centros de tratamiento de adicciones deben ajustarse a la Norma Oficial Mexicana NOM-028, que prohíbe expresamente el internamiento involuntario salvo cuando lo dictamine un médico ante urgencias, y su verificación recae en las autoridades sanitarias estatales y federales.
Los llamados "anexos" o granjas de rehabilitación han sido señalados de forma recurrente por organismos de derechos humanos por privaciones ilegales de la libertad y maltrato. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado durante años quejas contra este tipo de centros irregulares en distintas entidades, sin que exista un padrón nacional que permita cuantificar cuántos operan sin registro.
Activistas insistieron en que el llamado no se limita a un solo caso y pidieron que las autoridades federales y estatales revisen de manera integral el fenómeno de clínicas que, bajo el argumento de atender adicciones, operarían fuera de un marco regulatorio verificable. Reclamaron que el eventual desembarco de la organización en la capital del país no se dé sin que antes se resuelvan las irregularidades señaladas en Baja California.