De acuerdo con el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Michoacán concentra más de 70% de la superficie nacional destinada al cultivo de aguacate, una proporción que lo mantiene sin competidor cercano entre las entidades productoras. A nivel nacional, el SIAP contabiliza una superficie plantada de 272,059.43 hectáreas repartidas en 30 estados, con una producción superior a los 2.7 millones de toneladas y un valor estimado de más de 56,000 mdp.
La distancia entre el volumen michoacano y el del resto del país ilustra la concentración regional de esta agroindustria. Otras entidades han sumado superficie sembrada en años recientes, pero ninguna se aproxima al volumen ni a la infraestructura de empaque, certificación fitosanitaria y logística de exportación consolidada en la región productora del estado.
Del total cosechado, la exportación a Estados Unidos representa el destino ampliamente mayoritario: 1,251,363 de las 1,462,973 toneladas, alrededor de 85% del volumen, según la Sader. Ese flujo se sostiene sobre el esquema de inspección fitosanitaria binacional entre el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que abrió a finales de la década de 1990 el acceso del aguacate michoacano al mercado estadounidense tras años de restricciones sanitarias.
La dependencia de un mercado único expone a los productores a decisiones regulatorias o de seguridad ajenas a su control. En episodios previos, autoridades estadounidenses han suspendido temporalmente las inspecciones por incidentes de seguridad en territorio mexicano, con afectaciones inmediatas sobre precios y abasto a ambos lados de la frontera. En el plano comercial, la relación se enmarca en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), vigente desde 2020, que sustituyó al TLCAN y mantiene el acceso preferencial para productos agrícolas mexicanos, incluido el aguacate, sujeto al cumplimiento de los protocolos fitosanitarios acordados.
Empleo rural y frentes de deforestación y seguridad
La Sader ha señalado que la actividad aguacatera es uno de los principales motores del sector agroalimentario de Michoacán, con peso en la generación de empleo y en el sostenimiento de las economías de comunidades rurales. El cultivo demanda mano de obra intensiva en poda, riego, cosecha, empaque y transporte, lo que genera encadenamientos productivos que van del jornalero al exportador certificado.
Ese peso económico convive con problemáticas documentadas por autoridades estatales y federales: la deforestación asociada a la expansión de huertas hacia zonas boscosas y la presencia de extorsión hacia productores y transportistas en algunas regiones. El gobierno estatal, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, ha sostenido reuniones con la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (Apeam) para trazar rutas de acción conjunta en materia ambiental, de sanidad vegetal y de seguridad vinculadas al sector.
La coexistencia de un mercado de exportación de alto valor con riesgos de seguridad en zonas productoras no es nueva en la historia reciente de Michoacán. Desde mediados de la década pasada, distintas administraciones estatales y federales han ensayado esquemas de blindaje para caminos y empacadoras, con resultados desiguales según la región.
De cara a la siguiente temporada agrícola, que iniciará en los próximos meses con la floración y el ciclo 2026-2027, la Sader y las autoridades estatales enfrentan el reto de sostener el ritmo de exportación sin descuidar los frentes de deforestación y seguridad señalados de manera recurrente. El comportamiento de la próxima cosecha y la eventual actualización de cifras por parte del SIAP permitirán calibrar si el crecimiento del sector se mantiene o si los factores de riesgo detectados empiezan a incidir en los volúmenes exportados.