Los agentes resguardaron el área mientras personal ministerial y pericial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nayarit realizaba la fijación de indicios, diligencia que consiste en documentar de manera fotográfica y técnica la escena antes de trasladar los cuerpos al Servicio Médico Forense para las necropsias de ley. Los hallazgos se integrarán a una carpeta de investigación cuyo estatus, al momento de esta publicación, no había sido precisado por la fiscalía estatal.
Acaponeta se ubica en un corredor estratégico del noroeste: la autopista Tepic-Mazatlán conecta la capital nayarita con el sur de Sinaloa y constituye una de las vías más transitadas de la región, tanto para el transporte comercial como, según han documentado autoridades de seguridad estatales y federales en años recientes, para el movimiento de cargamentos ilícitos entre organizaciones que se disputan el territorio. La franja norte del estado colinda con Sinaloa, entidad de larga presencia del narcotráfico en el Pacífico mexicano.
El modus operandi descrito —manos atadas por la espalda, ojos vendados, huellas de tortura y disparos— corresponde a un patrón que fiscalías estatales y organismos de derechos humanos han registrado de manera recurrente en ejecuciones atribuidas a células del crimen organizado en el noroeste del país. Hasta el momento, ninguna autoridad ha señalado públicamente a un grupo delictivo como responsable de este caso ni ha precisado un móvil.
Un corredor con recomposición criminal
El fenómeno no es nuevo en la entidad. Desde mediados de la década de 2010, Nayarit ha atravesado episodios de recomposición de poder entre grupos criminales, en particular tras la fragmentación de estructuras que operaban con mayor cohesión en el corredor Sinaloa-Nayarit-Jalisco. Autoridades de seguridad han documentado en el pasado hallazgos similares —cuerpos con huellas de tortura abandonados en vías rápidas— como parte de disputas entre organizaciones rivales, aunque cada caso requiere una investigación individualizada para establecer motivos y autoría.
Uno de los episodios que marcó a la entidad ocurrió en 2017, cuando fue detenido en Estados Unidos el entonces fiscal general del estado, Édgar Veytia, quien posteriormente se declaró culpable ante una corte federal de Nueva York por delitos vinculados al tráfico de drogas. Aquel caso, referente en la historia política reciente de Nayarit, expuso los niveles de infiltración del crimen organizado en las instituciones estatales y precedió a un periodo de reacomodo entre facciones que buscaron el control de las rutas hacia la frontera norte.
La entidad, con una población de alrededor de 1,235,456 habitantes según el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ha sido escenario recurrente de hallazgos de cuerpos con signos de violencia extrema en carreteras federales y estatales. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Nayarit ha registrado en años recientes tasas de homicidio doloso asociadas a periodos de disputa territorial entre facciones ligadas a grupos con presencia histórica en el Pacífico.
El gobierno de Nayarit, encabezado por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, ha reiterado en distintos momentos de su administración el compromiso de reforzar la coordinación con la Guardia Nacional y con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en los operativos de vigilancia sobre las principales carreteras del estado, incluida la Tepic-Mazatlán. Hasta el momento no ha emitido un pronunciamiento oficial específico sobre este hallazgo.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nayarit no ha informado si existen líneas de investigación preliminares ni si el caso se vincula con hechos violentos previos registrados en la región norte de la entidad. Tampoco ha precisado si las víctimas serán identificadas mediante cotejo genético o de huellas dactilares, procedimiento estándar cuando los cuerpos no portan identificación al momento del hallazgo.
La violencia asociada al crimen organizado en el noroeste ha sido objeto de análisis reiterado por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de colectivos de familiares de personas desaparecidas, que han señalado la necesidad de fortalecer los protocolos de búsqueda, identificación forense y acceso a la justicia para las víctimas de este tipo de hechos, que con frecuencia quedan sin resolver durante periodos prolongados.
La actual administración federal, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha reconocido la violencia en el noroeste como uno de los desafíos de seguridad heredados de sexenios anteriores, en particular en los estados del denominado Triángulo Dorado y sus zonas de influencia, donde persisten disputas entre facciones del narcotráfico pese a los operativos conjuntos entre la Guardia Nacional, la Sedena y las fiscalías estatales.
Las autoridades estatales no han descartado ni confirmado ninguna hipótesis sobre el móvil del triple homicidio. Conforme a los procedimientos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la investigación continúa abierta y se espera que en los próximos días la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nayarit informe sobre los avances en la identificación de las víctimas y las posibles líneas de investigación.