El procedimiento del IMPI se sigue contra Penguin Random House Grupo Editorial a raíz de la publicación de "Todo a la luz", obra en la que De la Cuesta investigó un expediente judicial y cuestionó la sentencia y la actuación de varios involucrados en el caso Trevi-Andrade. Ese proceso, abierto contra la cantante Gloria Trevi y su entonces representante Sergio Andrade en 2000 por delitos contra menores, fue uno de los litigios mediáticos más seguidos del país durante años.
La principal inquietud del gremio es que la resolución del IMPI no ponderó el marco que protege el uso informativo de la imagen. La Caniem lo planteó en estos términos:
"No haya analizado todas las defensas de la editorial, y haya omitido el estudio de normas que establecen que no se vulnera el derecho a la imagen cuando su utilización tiene fines informativos o periodísticos", señaló la Caniem en su carta a la opinión pública.
La cámara editorial hizo un llamado directo al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, instancia que revisará este y otros asuntos vinculados con libertad de expresión, para que aplique un escrutinio riguroso frente a resoluciones de este tipo.
"Realice un análisis exhaustivo y con estricto apego a la legislación aplicable, la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos", pidió la Caniem al tribunal.
La organización defendió que la industria editorial mexicana "tiene como sustento la libertad de expresión, la libertad de creación, la libertad de opinar, y el derecho de la sociedad a recibir información", y advirtió que restringir estas libertades "no afecta únicamente a las editoriales y los autores, sino al conjunto de la sociedad".
Según la Caniem, el criterio de que resulte ilícito el solo uso del nombre o retrato de una figura pública está generando incertidumbre en el sector editorial e inseguridad jurídica entre sus agremiados y autores, particularmente respecto de futuros proyectos de investigación, periodismo, opinión, biografía e historia. La cámara subrayó que las implicaciones de una interpretación de esta naturaleza trascienden el caso concreto.
El debate remite a la tensión, resuelta de forma dispar por tribunales y autoridades administrativas, entre el derecho a la imagen y el interés público en la cobertura de figuras con relevancia mediática. La Constitución mexicana ampara en su artículo 6 la libertad de expresión y el derecho a la información, y México es parte de tratados internacionales que protegen esas garantías, el marco que la Caniem pide invocar en la revisión del asunto.