Greer defendió ante los senadores un objetivo concreto: «Queremos que las reglas de origen en el T-MEC sean muy sólidas, para incentivar la producción en Norteamérica en lugar de en otras regiones que tienen mucha capacidad excedente o prácticas no basadas en el mercado», declaró. La fórmula, sin nombrarla, apunta a China, cuya sobrecapacidad industrial es la sombra recurrente en la retórica comercial de Washington. La ironía es que endurecer el contenido regional obliga a rediseñar cadenas de suministro que hoy pasan, en buena parte, por territorio mexicano.
El propio Greer introdujo una advertencia que rebaja las expectativas: fortalecer la aplicación de las normas laborales y ambientales «también puede tomar tiempo», dijo, tras señalar que ha escuchado en el Congreso estadounidense la exigencia de reforzar esos capítulos frente a México. Ese «también» encadena todos los frentes en un mismo horizonte diferido: nada estará listo de inmediato.
La pieza que más inquieta al gobierno mexicano no son las reglas de origen —terreno ya transitado desde la negociación original del tratado, durante el primer mandato de Donald Trump— sino la periodicidad de la revisión. En el primer semestre de 2026, México y Canadá propusieron renovar el acuerdo por 16 años más, buscando la certidumbre que reclaman los sectores empresariales de ambos lados de la frontera. Trump objetó, argumentó que necesita más tiempo para resolver diferendos y pidió que, de ahora en adelante, las revisiones sean anuales. La diferencia es la que va entre un compromiso de largo plazo y una renegociación abierta cada doce meses.
De la revisión sexenal a la anual
Esta arquitectura de revisiones periódicas no es nueva. El T-MEC, vigente desde 2020 tras sustituir al TLCAN de 1994, contempla una revisión conjunta a los seis años de su entrada en vigor, cuyo primer ejercicio corresponde precisamente a 2026. Lo que Trump plantea no es activar esa cláusula —ya pactada— sino sustituir la cadencia sexenal por una anual, un cambio que altera de raíz la lógica de estabilidad que el tratado prometía a los inversionistas.
El sector empresarial es de los pocos actores que habla con una sola voz en este expediente. Según el material disponible, medios empresariales y de servicios a ambos lados de la frontera han pedido más estabilidad, no menos, bajo el argumento de que la inversión de largo plazo —la que construye plantas— necesita reglas previsibles. México comparte esa reticencia frente a la revisión anual, aunque su margen de negociación es, por su geografía y su estructura comercial, más estrecho que el de Estados Unidos.
Ese margen tiene un nombre: dependencia. La economía mexicana coloca la mayor parte de sus exportaciones en el mercado estadounidense, una asimetría que convierte cada ronda en un ejercicio desigual. No es la primera vez que Washington la utiliza como palanca: ocurrió durante la negociación original del TLCAN a principios de los noventa y se repitió cuando ese acuerdo se transformó en T-MEC entre 2017 y 2018, también con Trump en la Casa Blanca. El precedente es útil porque marca el patrón: la presión estadounidense sube justo cuando toca renovar la letra pequeña.
A los capítulos comerciales se suma otro frente. Greer aludió ante el Senado a la posibilidad de un arancel regional del 10% vinculado a señalamientos de trabajo forzoso, un tema que hasta ahora corría por un carril distinto al de la revisión del tratado pero que empieza a integrarse en el mismo paquete de presión. Sumar frentes —origen, ambiente, trabajo, aranceles sectoriales— tiene un efecto conocido: cualquier concesión en uno de ellos parece, en comparación, un alivio.
La formulación de Greer también apunta a un cambio de método. Al hablar de «medidas que Canadá pueda adoptar, por un lado, y que México pueda adoptar, por el otro», sugirió que Washington podría descartar, al menos para este año, una gran renegociación conjunta a favor de dos pistas bilaterales dentro del marco trilateral. Trump, por su parte, ha mostrado escepticismo sobre una renovación total del acuerdo. Ottawa y la Ciudad de México tienen incentivos para coordinar posiciones antes de que ese enfoque separado se consolide.
Pese a las cautelas, Greer se mostró optimista sobre el calendario: «Confío en que antes de que termine el año podamos tener al menos opciones para que el presidente Trump y los líderes de Canadá y/o México consideren posibles acuerdos provisionales o medidas», declaró. La expresión «acuerdos provisionales» delimita la ambición real de esta etapa: no un tratado cerrado, sino puntos de partida sujetos a revisión posterior.
El desenlace, cualquiera que sea, deberá pasar por los procesos de aprobación interna de los tres países, como ocurrió con el T-MEC original en 2019 y 2020. Ese trámite, hoy lejano, será el termómetro definitivo de si lo que Greer llama «avances» se traduce en algo firmable o se queda en una comparecencia más ante el Senado. Del lado mexicano, la negociación no se cocina en San Lázaro sino en Palacio Nacional y en la Secretaría de Economía; la ratificación legislativa llegaría solo al final del camino.
Mientras tanto, la presidenta Sheinbaum ha sostenido, desde la mañanera, que México negocia con firmeza pero sin confrontación. La incógnita que dejó la comparecencia de Greer no es si habrá contacto —la tercera ronda ya está en marcha—, sino qué modelo prevalecerá: el de un tratado de largo aliento que pedían México y Canadá, o el de una revisión que se reabre cada enero. La respuesta, según el propio representante comercial, no se conocerá antes de que concluya 2026.