La denuncia se concentra en una franja de litoral que, de acuerdo con los vecinos organizados, ha funcionado como zona de desove para tortugas marinas. Las especies que anidan en las costas del Golfo de México se encuentran, según su caso, entre las catalogadas bajo estatus de protección en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, que regula la conservación de especies en riesgo en el país. El colectivo precisó que las dunas de Chuburná Puerto representan un refugio para diversas especies de flora y fauna.
Los participantes de la campaña recordaron que, años atrás, el acceso de vehículos a este sitio quedó restringido debido a su importancia ambiental, medida que buscaba minimizar la perturbación de los nidos. Los denunciantes cuestionan las acciones de las autoridades ante la situación actual y el arranque de trabajos que, aseguran, ya comenzaron en la zona.
"No vamos a guardar silencio. Como ciudadanos tenemos derecho a saber qué está ocurriendo y a que se investigue a fondo cómo y por qué se están autorizando proyectos en un ecosistema tan valioso", manifestó la asociación, que lanzó una campaña para solicitar la protección del ecosistema y recabar adhesiones frente al desarrollo.
El colectivo sostiene que la intervención de las dunas pondría en riesgo no solo a las tortugas marinas, sino a otras especies que dependen de ese ecosistema costero, considerado frágil por su función de barrera natural contra la erosión y el oleaje. Las dunas costeras cumplen un papel de amortiguamiento frente a fenómenos meteorológicos extremos, un factor relevante en una entidad expuesta de forma recurrente a huracanes y tormentas tropicales.
El marco: qué autoridad autoriza y quién puede suspender
El expediente sobre los permisos —de existir y bajo qué condiciones— corresponde a la Semarnat, dependencia federal encargada de autorizar o negar las manifestaciones de impacto ambiental (MIA) que un proyecto de esta escala debe presentar conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. El colectivo solicitó a esa dependencia la información sobre los permisos y el dictamen de impacto ambiental; hasta el momento no se ha hecho pública una respuesta oficial a esa petición.
La revisión de este tipo de denuncias, cuando prospera, pasa típicamente por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), organismo con facultades para ordenar la suspensión de obras si detecta irregularidades o daños a ecosistemas protegidos. No hay constancia pública, hasta ahora, de que la Profepa haya iniciado una inspección en el predio señalado. En el ámbito local, corresponde a las autoridades municipales vigilar el cumplimiento de los usos de suelo y las licencias de construcción.
Tampoco ha trascendido una postura pública de la desarrolladora responsable del proyecto ni de las autoridades municipales. El Hemiciclo buscó reacciones de las partes señaladas sin que, al cierre de esta nota, se hubiera obtenido respuesta.
El caso de Chuburná Puerto no es el primero en la costa yucateca donde la expansión inmobiliaria roza zonas de valor ambiental. En los últimos años, organizaciones civiles han documentado presiones similares en otros puntos del litoral peninsular, donde el crecimiento turístico e inmobiliario ha coincidido con la conservación de manglares, cenotes y dunas, ecosistemas protegidos bajo distintas figuras legales pero con capacidades de vigilancia acotadas por parte de las autoridades ambientales.
La discusión sobre el litoral yucateco se produce en un contexto de atención creciente a la salud del ecosistema costero de la entidad: semanas atrás, autoridades estatales anunciaron la creación de una red de monitoreo para detectar episodios de marea roja y proteger la actividad pesquera regional, una medida que refleja preocupación institucional por el estado de la costa.
De confirmarse las irregularidades que denuncian los vecinos, el caso podría sumarse a los conflictos ambientales que en el país han terminado judicializados mediante amparos presentados por organizaciones civiles, una vía que en años recientes ha permitido, en ciertos casos, la suspensión temporal de obras en zonas de manglar o duna mientras se resuelve el fondo del litigio.
Por ahora, el Colectivo Salvemos las Dunas continúa recabando adhesiones a su campaña y a la espera de que la Semarnat responda formalmente a la solicitud de transparencia. La resolución de esa petición y una eventual intervención de la Profepa marcarán los próximos pasos de un conflicto que, de mantenerse sin respuesta institucional, previsiblemente escalará hacia instancias judiciales o hacia una mayor presión pública sobre las autoridades yucatecas.