Las imágenes muestran a los cinco policías municipales golpeando al conductor tendido en el suelo, en una escena captada desde un costado de la carretera por una automovilista que se detuvo. Zarapitiro pertenece a la región de Tierra Caliente, una de las zonas de Michoacán con mayor presencia de estructuras de cobro ilegal al transporte de carga.
La víctima relató a EL UNIVERSAL que los oficiales lo detuvieron para exigirle el pago del llamado "derecho de piso", una cuota que, según su versión, deben cubrir todos los transportistas que circulan por esas carreteras. Al negarse, los uniformados intentaron atribuirle el uso de drogas para justificar la detención.
"Me detuvieron y me pidieron la cuota, cuando les dije que no tenía dinero para pagarles me quisieron acusar de que traía drogas", narró la víctima a EL UNIVERSAL.
Al no poder acreditarle delito o falta alguna, los policías trasladaron al conductor junto con su camión hasta la cabecera municipal de Buenavista, de donde logró huir. Su fuga desató una persecución de varios kilómetros a cargo de los propios elementos municipales.
La persecución terminó cuando la patrulla que lo seguía se descompuso al llegar al puente de Piedras Blancas, lo que permitió al transportista avanzar y ponerse a salvo. Después fue atendido de los golpes en otra localidad de la zona de Tierra Caliente, donde dio parte a las autoridades locales y federales.
El delito de extorsión al autotransporte se persigue en Michoacán por la vía de las fiscalías estatal y federal, y cuando participan servidores públicos se abren dos rutas paralelas: la penal, ante la Fiscalía General de Justicia del estado o la FGR, y la administrativa, por responsabilidades de los propios elementos ante la corporación municipal. El testimonio de la víctima constituye la base para el inicio de una carpeta de investigación.
El caso se inscribe en un patrón de agresiones y cobros ilegales al transporte de carga en distintos puntos del país. Ese fenómeno también se ha traducido en operativos de gran escala contra el mercado ilícito de combustibles, como el de 59 millones de litros de combustible asegurados en Guanajuato, atraído por la FGR. Michoacán arrastra desde 2013 —cuando surgieron los grupos de autodefensas en Tierra Caliente, entre ellos en el propio Buenavista— denuncias reiteradas sobre la connivencia entre autoridades municipales y estructuras de extorsión.