"En nuestro país no está autorizada ninguna escuela bajo el modelo de educación militarizada", señaló Delgado en el mensaje, en el que precisó que la formación de tipo castrense corresponde exclusivamente a las instituciones del Estado encargadas de preparar a quienes servirán en las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, y no a los planteles que atienden a niñas, niños y adolescentes dentro del sistema educativo nacional.
El funcionario sostuvo que la educación debe formar "personas libres, críticas, solidarias y capaces de construir una sociedad más justa y en paz", y advirtió que "ningún acto de violencia, abuso o maltrato puede justificarse con el concepto de disciplina". Enmarcó la disposición en la Nueva Escuela Mexicana, el modelo pedagógico vigente, que —dijo— "educa para el diálogo, la cultura de paz, el pensamiento crítico, la convivencia respetuosa y el colocar en el centro el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes con una formación humanista, científica, comunitaria y basada en el respeto irrestricto a los derechos humanos".
Delgado detalló que las autoridades educativas estatales deberán revisar caso por caso los RVOE vigentes para detectar cualquier denominación o modalidad que remita a un modelo de educación militar. Donde se identifique incumplimiento, advirtió, se aplicarán las medidas previstas en la ley: "Se suspenderán sus actividades, se iniciarán los procedimientos para su clausura o regularización". Añadió que las autoridades deberán garantizar la continuidad académica de los alumnos inscritos, quienes recibirán sus documentos escolares y, en su caso, el reembolso de los pagos efectuados.
La instrucción llega después de que la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunciara en días recientes contra los modelos de educación militarizada, al señalar que la formación de la niñez y la adolescencia debe sustentarse en principios pedagógicos y de respeto a los derechos humanos. Delgado retomó esa postura en su mensaje, en el que sostuvo que "la educación es construcción de libertad" y que no puede existir una transformación educativa si se permiten expresiones de violencia dentro de las escuelas.
Un procedimiento anclado en la Ley General de Educación
El procedimiento de revisión de RVOE está previsto en la Ley General de Educación, que faculta a la SEP y a las autoridades educativas locales para otorgar, negar, revocar o retirar el reconocimiento de validez oficial a instituciones particulares que no cumplan con los planes y programas de estudio autorizados o que operen bajo modelos ajenos al sistema educativo nacional. La revocación del RVOE implica que los estudios impartidos dejan de tener validez oficial, lo que obliga a las autoridades a garantizar mecanismos de transferencia o reubicación de los alumnos afectados.
El debate sobre esquemas disciplinarios de corte castrense no es nuevo en el país. Desde hace años, particularmente en estados del norte y del centro, han operado planteles privados que ofrecen internados militarizados o academias con uniformes, jerarquías y rutinas de corte marcial, presentados como alternativas para corregir conductas de adolescentes. Organizaciones de derechos de la niñez han documentado en el pasado denuncias de maltrato en algunos de estos centros, lo que ha generado presión recurrente sobre las autoridades educativas estatales para intervenir.
Delgado dirigió también un mensaje a madres y padres de familia, a quienes refrendó el compromiso del gobierno federal de garantizar la protección de los estudiantes dentro de los planteles educativos. El trato hacia menores en instituciones educativas ha sido motivo recurrente de señalamientos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sus contrapartes estatales, facultadas para emitir recomendaciones a las autoridades responsables.
La instrucción no incluye, hasta el momento, un listado público de los planteles que podrían verse afectados por la revisión, ni una cifra oficial de cuántas escuelas operan actualmente bajo modalidades militarizadas en el país. La SEP tampoco ha precisado si la medida abarcará únicamente instituciones privadas o si existen casos dentro del sistema público que deban ser revisados bajo el mismo criterio.
Un plazo corto para 32 sistemas estatales
El proceso de revisión deberá completarse en las próximas semanas, antes del 31 de agosto, fecha en que arranca el ciclo escolar 2026-2027 en las escuelas de educación básica. Las autoridades educativas de las 32 entidades quedan a cargo de reportar a la federación los resultados de la revisión de autorizaciones, un ejercicio que pondrá a prueba la coordinación entre la SEP y los sistemas estatales de educación en un plazo acotado.
Ni la SEP ni la Presidencia han informado si la medida contempla sanciones adicionales para los propietarios de los planteles que resulten clausurados, ni si se abrirán canales específicos de denuncia ciudadana para reportar instituciones que operen bajo estos esquemas. Tampoco se ha precisado qué autoridad —federal o estatal— asumirá los costos del reembolso a las familias en los casos de cierre definitivo.