El registro de PAZ y Somos México se suma a la lista de partidos nacionales que competirán bajo la supervisión del INE, órgano constitucional autónomo encargado de organizar las elecciones federales y fiscalizar los recursos de los partidos, conforme al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese mismo artículo define a los partidos como "entidades de interés público", figura jurídica que les otorga financiamiento público y prerrogativas, pero que —según ha sostenido el propio instituto en respuestas a solicitudes de transparencia— no los convierte en dependencias de la administración pública federal ni a sus dirigentes en servidores públicos.
Esa distinción explica por qué no existe, hasta el momento, obligación uniforme de publicar los sueldos de los presidentes, coordinadores o voceros nacionales de los partidos. Cada instituto político decide, de forma autónoma, si el cargo de dirigencia se retribuye o se ejerce de manera honorífica, y en qué monto, sin que el marco normativo electoral imponga un tabulador único aplicable a todos por igual.
En el caso de Flores Cervantes, quien encabezará PAZ, sí existe un ingreso público conocido, pero derivado de su actual curul en la Cámara de Diputados, no del cargo partidista que asumirá. Como legislador de la LXVI Legislatura por la bancada morenista, recibe una dieta de 79,846 pesos mensuales, a la que se suman apoyos de asistencia legislativa por 45,786 pesos y recursos para atención ciudadana por 28,772 pesos adicionales, montos que se reportan de forma desagregada en los tabuladores de San Lázaro. A esas percepciones se añade un aguinaldo superior a 140,000 pesos y seguros de vida cubiertos con presupuesto público, prestaciones estándar para los integrantes del Congreso de la Unión.
El escenario es distinto para Acosta Naranjo, quien presidirá Somos México. Al no ocupar actualmente ningún cargo público, sus ingresos no están sujetos a las obligaciones de transparencia que sí rigen para funcionarios y legisladores, por lo que no hay cifra pública que permita anticipar cuánto percibirá al frente del nuevo partido. Ninguno de los dos dirigentes ha hecho públicos, hasta ahora, los tabuladores que aplicarán sus respectivas fuerzas.
Lo que cobran los dirigentes ya en funciones
El contraste con los partidos ya establecidos ofrece un mapa heterogéneo. Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, percibe 187,500 pesos mensuales, de acuerdo con la información salarial publicada en el sitio electrónico del blanquiazul, cifra cercana a la que recibe la presidenta Claudia Sheinbaum, de 193,000 pesos mensuales según los tabuladores de la Presidencia de la República. Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, reportó en su declaración de 2025 ante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) un ingreso bruto de 117,183 pesos, que se reduce a 87,000 pesos netos tras impuestos. Sin embargo, para el ejercicio 2026 el partido guinda indicó que no cuenta con tabuladores vigentes, por lo que se abstuvo de publicar el salario actual de su dirigencia.
Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de MC, recibe 132,472 pesos brutos, que se convierten en 94,907 pesos después de impuestos, según su declaración de 2025 en la misma plataforma. En el extremo opuesto se ubican el PRI y el PT: Alejandro Moreno, líder nacional priista, ejerció el cargo de forma honorífica —sin sueldo— durante 2025, mientras que el senador Alberto Anaya, dirigente del PT, también reportó el cargo como honorario el año pasado, aunque para 2026 su partido negó contar con un tabulador de sueldos para sus integrantes.
El caso del PRI ilustra cómo la disputa por la transparencia salarial ha escalado a instancias jurisdiccionales. El tricolor impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la publicación de los sueldos de sus integrantes, controvirtiendo la aplicabilidad de las fracciones VI, VII y XIX del artículo 65 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Según la actualización publicada en la PNT el 31 de marzo de 2026, el recurso —identificado como SUP-RAP-033/2026— permanece pendiente de resolución desde el primer trimestre del año, y en tanto el tribunal no emita una resolución firme y definitiva la información correspondiente a esas fracciones queda en suspenso.
La disputa se inscribe en un pulso de fondo entre los partidos y los mecanismos de fiscalización. Desde la creación del Instituto Federal Electoral en 1990 —transformado en INE en 2014— la definición de hasta dónde llegan las obligaciones de transparencia de los partidos ha sido objeto de litigios recurrentes, en tensión entre la fiscalización ciudadana de los recursos públicos que reciben y la autonomía que reclaman como entidades de interés público, no gubernamentales en sentido estricto.
El registro de PAZ y Somos México reabre ese debate en un momento en que el sistema de partidos ya distingue, de facto, dos regímenes de transparencia salarial: uno para las dirigencias que también ocupan cargos públicos —diputados, senadores o funcionarios—, cuyos ingresos institucionales son forzosamente públicos, y otro para quienes llegan a la presidencia de un partido sin ese antecedente, como ocurre con Acosta Naranjo, cuyos ingresos quedan fuera del radar de la fiscalización estatal mientras no asuma un cargo de elección o administración pública. En paralelo, Morena solicitó al propio INE y a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar un presunto financiamiento ilícito vinculado a Somos México, un señalamiento sobre el que las fuerzas emplazadas aún no han fijado respuesta pública.
El siguiente hito relevante será la resolución del Tribunal Electoral sobre el recurso promovido por el PRI, que podría fijar un criterio aplicable no solo al tricolor sino al resto de los partidos que invoquen argumentos similares para reservarse la publicación de tabuladores. Mientras tanto, corresponderá a PAZ y Somos México definir, en los estatutos que registren ante el INE, si sus dirigencias serán remuneradas y bajo qué monto, información que deberá reportarse en futuras actualizaciones de la Plataforma Nacional de Transparencia conforme ambos partidos consoliden su operación.