Los dos partidos recién registrados todavía no publican el tabulador de sus dirigentes. De uno de ellos, sin embargo, ya se conoce con precisión de nómina cuánto cobra por otro concepto: la dieta legislativa. Flores Cervantes, diputado que presidirá PAZ, percibe 79,846.0 pesos mensuales de dieta, más 45,786.0 pesos de apoyo para asistencia legislativa y 28,772.0 pesos por Atención Ciudadana, según los registros de la Cámara de Diputados, sin contar un aguinaldo superior a 140,000.0 pesos y un seguro de vida pagado con el erario. Todo eso es público porque él es servidor público; lo que perciba como dirigente de PAZ es asunto interno del partido.
Guadalupe Acosta Naranjo, al frente de Somos México, no ocupó antes un cargo público con sueldo transparentable, de modo que sobre sus ingresos no hay dato disponible. Dos dirigentes recién estrenados y dos siluetas económicas distintas: uno con reflector involuntario por su curul, otro sin antecedentes de nómina pública. El sistema no exige transparencia al puesto que dirige un partido, sino al cargo previo de quien lo ocupa.
Entidades de interés público, pero fuera de la nómina estatal
Ahí radica la clave jurídica del enredo. Conforme al artículo 41 de la Constitución, los partidos políticos son «entidades de interés público», pero no forman parte de la administración pública federal, y quienes militan o dirigen no son servidores públicos. Un partido puede recibir financiamiento público, operar con prerrogativas del Estado y disputar el poder, mientras su nómina interna queda a discreción de sus propios estatutos. Cada partido decide el salario de su presidente, coordinador o vocero nacional: no hay tabulador federal, ni techo, ni obligación de pagar siquiera.
El catálogo de sueldos conocidos ofrece contrastes marcados. Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, publicó en la página electrónica de su partido que gana 187,500.0 pesos mensuales, apenas por debajo del ingreso de la titular del Ejecutivo. Ariadna Montiel, presidenta de Morena, declaró en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) un ingreso bruto de 117,183.0 pesos, reducido a unos 87,000.0 pesos tras impuestos, según su declaración de 2025. Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, reportó 132,472.0 pesos brutos y 94,907.0 pesos netos en su declaración de ese mismo año.
En el otro extremo aparece la austeridad estatutaria. Alejandro Moreno, dirigente del PRI, ejerció el cargo de manera honorífica —sin sueldo— según lo estableció su partido en 2025. El senador Alberto Anaya, líder del PT, sostiene lo mismo: cargo honorario, sin tabulador, según consta en su declaración del año pasado.
Sin embargo, el PRI impugnó en 2026 la publicación de los salarios de sus integrantes. El expediente SUP-RAP-033/2026 se tramita ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, según se publicó en la PNT el 31 de marzo, sigue pendiente de resolución. En ese recurso el INE controvirtió la aplicabilidad de las fracciones VI, VII y XIX del artículo 65 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; mientras el tribunal no emita fallo firme, esa información se mantiene en los términos vigentes.
Morena ofrece una variante distinta. El partido señaló que para 2026 «no cuenta con tabuladores», por lo que no publicó el salario actual de su dirigente nacional. No hay litigio ni impugnación: una ausencia administrativa releva de la respuesta. Anaya, por su parte, también negó este año tener un tabulador de sueldos para sus integrantes.
Un vacío que viene de la reforma de 1996
El fenómeno no es reciente, sino estructural. Desde la reforma electoral de 1996, que consolidó el financiamiento público a los partidos como columna del modelo de competencia, la transparencia interna ha sido asignatura pendiente: el gasto de campaña se fiscaliza con detalle, pero la nómina directiva ha quedado en una zona gris. La ley obliga a declarar los ingresos personales de los dirigentes que además son servidores públicos, pero no impone uniformidad a los sueldos partidistas como tales.
Con la incorporación de PAZ y Somos México, el problema se multiplica: cada nueva sigla suma una incógnita salarial y un estatuto que decidirá, sin obligación legal de reportarlo con claridad, cuánto vale la dirigencia. El INE otorgó los registros conforme al procedimiento previsto en la Ley General de Partidos Políticos, pero no tiene facultad para exigir un tabulador uniforme; solo puede requerir que la información fluya por la PNT.
La fotografía es incompleta pero elocuente: un dirigente que gana casi como la presidenta, otra que declara menos, dos que afirman no cobrar y uno que litiga para no publicar sus cifras. La aritmética del poder partidista no se mide solo en votos o curules, sino también en la letra de estatutos que cada organización redacta por su cuenta.
El siguiente hito depende de dos frentes. Por un lado, el Tribunal Electoral deberá resolver el SUP-RAP-033/2026, lo que definirá si el PRI —y por extensión otros partidos— queda obligado a publicar los salarios de sus integrantes. Por otro, PAZ y Somos México tendrán que dar a conocer, en su momento, el sueldo de sus dirigencias. Hasta entonces, la pregunta sobre el costo de presidir un partido en México seguirá sin una respuesta comparable ni, en varios casos, verificable.