La solicitud brasileña se apoya en el mecanismo de solución de diferencias de la OMC, el procedimiento formal que permite a un país miembro impugnar medidas de otro cuando las considera incompatibles con las reglas del comercio internacional. Antes de que el caso pueda escalar a un panel arbitral, ambas partes deben sostener consultas bilaterales, un periodo en el que se busca negociar una salida sin necesidad de litigio formal.
Según el comunicado de la cancillería brasileña, Brasilia sostiene que ambas rondas arancelarias son "injustificadas e incompatibles" con las obligaciones que EU asumió al firmar el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) de 1994 y con el reglamento sobre solución de diferencias del organismo. El GATT es el documento fundacional que dio paso a la OMC un año después, en 1995.
Un antecedente con fallo favorable en la Corte Suprema de EU
El caso no es inédito. El propio gobierno de Lula da Silva ya había anunciado que recurriría al organismo tras una ronda previa de aranceles impuestos por Trump el año pasado. Aquellas medidas fueron después invalidadas por la Corte Suprema de Estados Unidos, un antecedente que Brasilia esgrime ahora como precedente favorable a sus argumentos.
Los aranceles del 25% se enmarcan en la política comercial que la administración Trump ha aplicado de forma selectiva a distintos socios comerciales, bajo el argumento de corregir asimetrías o prácticas que Washington cataloga como desleales. El segundo componente del litigio, los aranceles vinculados a denuncias de trabajo forzoso, resulta más inusual en el terreno del derecho comercial internacional: Washington ha extendido ese gravamen —de hasta 12.5%— a decenas de países, no solo a Brasil, argumentando fallas en el cumplimiento de estándares laborales internacionales en sus cadenas de producción.
El gobierno brasileño calificó estas medidas de "arbitrarias e injustificadas", según su cancillería, y afirmó que no existen elementos que sustenten la acusación de una aplicación laxa de las prohibiciones al trabajo forzoso en su territorio.
El litigio se produce en paralelo a otros movimientos de política comercial de Brasilia. El país ha buscado diversificar sus vínculos económicos, incluido un acercamiento con Corea del Sur para avanzar en negociaciones de un acuerdo comercial con el Mercosur, el bloque regional que integra junto con Argentina, Paraguay y Uruguay.
Un sistema de apelaciones paralizado desde 2019
El mecanismo de solución de diferencias de la OMC ha sido utilizado por decenas de países desde la creación del organismo en 1995, aunque su capacidad de emitir resoluciones vinculantes se ha visto debilitada en años recientes por el bloqueo del Órgano de Apelación, paralizado desde 2019 ante la negativa de Estados Unidos a aprobar el nombramiento de nuevos jueces.
Ese bloqueo institucional plantea una incógnita sobre el desenlace real del proceso: aunque Brasil obtenga un fallo favorable en primera instancia, Washington podría apelar a un órgano que de facto no opera, dejando la disputa en un limbo jurídico similar al de otros casos pendientes ante la organización.
Para México y el resto de América Latina, el caso brasileño se observa con atención por su eventual efecto de precedente. La región ha enfrentado en los últimos años distintas rondas arancelarias de Washington, y el resultado de este litigio podría influir en la forma en que otros gobiernos latinoamericanos calibren sus propias estrategias frente a medidas comerciales de EU.
Las consultas bilaterales tienen, conforme a las reglas de la organización, un plazo de 60 días para resolverse antes de que la parte demandante pueda solicitar la integración de un panel arbitral. De no alcanzarse un acuerdo en ese periodo, el caso podría avanzar hacia una fase de litigio formal, aunque su resolución definitiva podría tardar años dado el estado actual del sistema de apelaciones.